En Chile, como en toda América Latina, cada tanto y cada vez más un caso de abuso sexual a menores consterna al país.
Pero el último suceso de esta envergadura que conmociona a los chilenos tiene varios ingredientes que marcan un nuevo grado de tragedia.
La víctima tenía un año y siete meses. No era la primera vez que el principal sospechoso era acusado de violencia de menores. Y la custodia de la niña al parecer había sido negada a quien prefería su madre por ser homosexual.
El gobierno de Sebastián Piñera, quien asumió en marzo, anunció una revisión del sistema de custodia, que es parcialmente financiado por el Estado.
Y, como en casos anteriores, el caso ha suscitado nuevas iniciativas para que se restituya la pena de muerte, derogada en 2001, pese a que ello implicaría la salida del país de convenciones internacionales.
Con esto, la pequeña Ámbar Lezcano se convierte en una nueva víctima del abuso sexual en Chile; un nuevo mártir de la lucha contra la violencia de género, que cada semana tiene un nuevo episodio de tragedia en este y otros países.
#JusticiaParaAmbar gente de la cuidad de Los Andes manifestándose por Ámbar pic.twitter.com/pY8ruM9dod
— Nachy Madariaga (@Nachyboo) 29 de abril de 2018
Lo que se sabe del caso
En la mañana del domingo, Andrés Espinoza llevó Ámbar al Cesfam de Rinconada, un servicio de urgencias cerca de la pequeña comuna de Los Andes, a 80 kilómetros al norte de la capital, Santiago.
Espinoza, de 30 años, dijo en ese momento que las graves lesiones que sufría Ámbar fueron producto de una caída de su cama, que al parecer estaba a 50 centímetros del piso.
Los médicos, sin embargo, notaron que la presencia de aire en el área abdominal -conocida como neumoperitoneo- descartaba la caída y planteaba la posibilidad, al haber una fisura en el tracto digestivo, de una penetración anal.
La niña, que aún se encontraba con vida, fue trasladada a la unidad pediátrica del hospital San Camilo y sometida a varias cirugías, pero la gravedad de las lesiones y su estado de shock impidieron que su vida fuera salvada.
El lunes, en medio de protestas frente al Juzgado de Garantía de Los Andes, Espinoza fue imputado como principal sospechoso bajo los cargos de violación con homicidio, delito por el que podría recibir hasta cadena perpetua.
Por qué el sospechoso tenía la custodia
Espinoza es pareja de una de las tías de Ámbar, quien asumió la custodia de la niña hace ocho meses después del fallo de un Tribunal de familia de Los Andes.
Su madre, reportaron medios locales, estaba incapacitada para cuidar de ella, aunque se desconocen más detalles.
Otro tío de Ámbar, Ignacio Páez, declaró a la prensa que, a pesar de que él era el preferido de la madre, la justicia le negó la custodia a él por ser homosexual.
"Me hicieron a un lado por mi preferencia sexual", aseguró.
"Tenía trabajo, todo listo para tener a las niñas (Ámbar y su hermana), y ellos me preguntaron antes si yo era homosexual, y yo les dije que sí. Me dijeron que no había ningún problema, pero después me salen con esto".
Páez afirmó que "sabía que él (Espinoza) no era un hombre competente para cuidarla porque era violento, y tengo testigos, tengo pruebas. Era violento con su mujer, alzaba la voz".
Según el Servicio Nacional de Menores (Sename) la decisión de entregar a Ámbar y a su hermana a la pareja de tíos tuvo el consejo del Programa de Familias de Acogida Especializada (conocido como FAE Ayun) de Galerna, una organización no gubernamental que recibe apoyo del Estado.
Ninguna de las entidades ha emitido declaración sobre el caso.
Pero en su pronunciamiento sobre el mismo, el presidente Piñera tuiteó: "Nos querellaremos contra los responsables, e iniciaremos exhaustiva supervisión al programa FAE Ayun, que recibe subvención del Sename".
¿Pena de muerte?
Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló: "De acuerdo a los tratados internacionales que Chile firmó una vez que se suprimió la pena de muerte, no puede ser repuesta. Por lo tanto, no está dentro del repertorio legislativo posible".
Uno de esos tratados es la Convención Americana de Derechos Humanos, que Chile firmó 2001 y ratificó en 2008, la cual garantiza el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte.
Por eso no parece viable legal y políticamente que la pena de muerte se restablezca, pese a las iniciativas de grupos de ciudadanos y algunos miembros del Congreso.
Lo que sí puede ocurrir, aseguran expertos, es que se apruebe un proyecto introducido por el oficialismo al Congreso para aumentar penas de violación a menores de 14 años (hoy de 5 a 20 años) y muerte por violación (de 20 a 40 años).
Desde enero, cuando se produjo la muerte por violación de Sophia Ríos, una niña de un año y 11 meses, grupos ciudadanos propusieron una ley con el nombre de la menor que aumentara las sanciones y restableciera la pena de muerta.
El presidente dijo el martes que impulsará medidas "para aumentar los plazos de prescripción para que los delitos sexuales no queden impunes".
Incuso los doctores que atendieron a Ámbar han entrado en la discusión sobre la pena de muerte.
El pediatra Álvaro Retamal, quien la atendió en el Hospital San Felipe, escribió en su perfil de Facebook que "Ámbar descansó finalmente de una vida que sólo conoció el dolor".
"Yo tomé sus manitos cuando partió y sin ser nada… Sin ser digno de hacerlo la bendije, solo porque yo estaba ahí y no un sacerdote, no su padre".
"Lo que siento hoy -aseguró- no es deseos de que maten a nadie, cuestión que no soluciona nada (…) Más fácil pedir pena de muerte. Pero ¿Por qué no convertimos tanto odio en amor y protección para nuestros niños?"
