Tienen derecho a un sueldo mensual que supera los US$10.000, pero no lo quieren.
Dos de los exdirigentes estudiantiles chilenos que hoy son diputados propusieron al Congreso fijar un límite ético de 20 salarios mínimos al ingreso fijo parlamentario chileno, el más alto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD).
El proyecto de ley lo presentaron Giorgio Jackson y Gabriel Boric, dos de los líderes de las protestas chilenas del 2011, en abril del 2014.
La iniciativa durmió por un año en el Congreso, pero la primera semana de abril, en medio de una crisis por las denuncias de financiamiento irregular de la política, los parlamentarios lanzaron el video y la campaña "Ayúdanos a despertarla", pidiendo a la ciudadanía que presione por su debate.
En la página web de Jackson aparece una lista con los nombres y direcciones de correo y twitter de los 120 integrantes de la cámara. "Revisa si el diputado de tu distrito se sumó a esta iniciativa y pídele que se haga parte", invita.
Una veintena de los parlamentarios ya firmó un acuerdo pidiendo a la Presidenta Bachelet que aplique urgencia al proyecto.
Diputados y senadores en Chile reciben un sueldo líquido promedio equivalente a US$10.129, mientras que el sueldo mínimo en el país llegará a casi US$394 a partir de julio próximo.
Los parlamentarios ganan, además de su dieta, asignaciones para cubrir asesorías externas y emular los recursos con los que cuentan los ministros de estado.
La propuesta plantea limitar la dieta de todo el Congreso, sin tocar las asignaciones. La ley se aplicaría a partir del período siguiente a su aprobación, para que los congresistas no voten una materia que les incumbe directamente.
"La verdad es que cuando lo presentamos tenía bajas posibilidades", dice Jackson a BBC Mundo.
"Pero el proyecto ha agarrado fuerza a medida que pasa el tiempo y la ciudadanía conoce la idea. Ojalá podamos legislarlo este año. Sería una señal importante dentro de muchas otras que se necesitan para entender que la política es una forma de servicio público y no una forma de enriquecernos".
"Sabíamos que la dieta era alta antes de llegar al Congreso", dice el diputado, "pero nos sorprende que esto no le haya llamado la atención a nadie antes".
Las dieta más alta de la OECD
La socióloga Colombina Schaeffer estudiaba su doctorado en Australia el 2014 cuando surgió el proyecto de rebajar la dieta, y vio que la discusión se hacía casi sin fuentes o datos comparados.
Junto a Leonardo Valenzuela y el periodista Patricio Segura decidieron preparar su propio informe independiente para el Centro de Investigación Periodística Ciper Chile.
"Aunque teníamos la intuición de que ganaban mucho, nunca imaginamos que los chilenos fueran los parlamentarios mejor pagados de la OECD", dice.
"Buscamos los datos en los parlamentos en distintos idiomas, hicimos la conversión. Sólo es posible comparar diputados, porque no todos los congresos son bicamerales. Comparamos las dietas en relación al PIB de cada país, transformado a poder de paridad de compra, y eso nos dio la relación", explica.
"Con esos datos, Chile es el país con la dieta parlamentaria más alta de la OECD en relación a su PIB per cápita y la segunda más alta en relación a su sueldo mínimo después de México", dice Schaeffer a BBC Mundo.
Y aunque ya es alta, la dieta parlamentaria chilena además crece año a año, cuando los funcionarios públicos negocian su porcentaje de reajuste salarial.
El aumento, que se pacta en tenso debate con el poder ejecutivo, se aplica también al Congreso, en un gesto que causa cada vez mayor polémica.
Argumentos a favor y en contra
En su origen, la dieta parlamentaria tiene como función establecer una condición mínima para dedicarse a la política en dedicación completa y sin conflictos de interés.
"Se habla de dieta y no de sueldo porque quienes llegaban al Congreso en Chile no lo hacían por el dinero, sino para servir a la ciudadanía", explica Javier Tobar, abogado en el Senado hace 10 años.
"Sería una señal importante para entender que la política es una forma de servicio público y no una forma de enriquecernos”, cree Jackson.
Tras el régimen de Pinochet, que clausuró el Congreso, el presidente Patricio Aylwin restituyó el Parlamento y la dieta quedó en un nivel moderadamente alto en relación al ingreso promedio chileno.
El año 2002, Chile sufrió un remezón político cuando se descubrió el pago de sobresueldos en la administración pública y los ingresos parlamentarios subieron en forma dramática como parte de una reforma general a los ingresos en el aparato público.
Pero el nuevo proyecto plantea que cualquier objetivo que se busque cumplir con los ingresos parlamentarios, quedará cumplido con un tope de 20 salarios mínimos.
Los detractores de la idea argumentan que la dieta debe competir con los sueldos del sector privado, para asegurar la llegada de los mejores al Congreso.
El proyecto plantea que no hay tal competencia, porque el cargo de representante es principalmente político y no técnico, como sí ocurre en otras áreas del gobierno.
Gabriel Boric (en la imagen) y Giorgio Jackson fueron dos de los líderes de las protestas del 2011.
Una dieta alta hace más difícil la corrupción parlamentaria, dicen los opositores al proyecto, pero Jackson y Boric argumentan que no hay dieta que pueda competir con las grandes fortunas chilenas.
"No existe dieta inalcanzable para potenciales corruptores", afirman.
"Reflejo de la desigualdad"
Además, en los fundamentos del proyecto se plantea que un sueldo más cercano a la realidad de los ingresos de la mayoría de Chile generaría mayor identificación y cercanía de los parlamentarios con sus electores.
"En Chile los parlamentarios ganan mucha, mucha plata. Una élite política que gana ese nivel de sueldos, se va alejando completamente del resto de la población, igual que las élites económicas. El Parlamento se convierte en un reflejo de la desigualdad chilena", dice Schaeffer a BBC Mundo.
Como dijo a este medio un economista mexicano: "Desde que Chile se incorporó a la OECD estamos mejor: ya no somos los más desiguales".
Efectivamente, según el informe Society at Glance ("Una mirada a la sociedad") de OECD del 2014, Chile es el país más desigual de la organización medido por el Índice de Gini. Chile suma un 0,5, y México 0,476.
Según el proyecto de los parlamentarios chilenos, la actual dieta en el país "aumenta efectivamente el Índice Gini de desigualdad".
Schaeffer comparó las dietas parlamentarias con el coeficiente de Gini: "Es interesante ver que se genera una relación. Si buscas los países con las dietas parlamentarias más altas, México y Chile, son también los países más desiguales", dice.
"Mientras que en países reconocidos como más igualitarios, ser político no es un negocio, el político es un ciudadano más. Estas dietas tan altas permiten que los políticos se aíslen y se transformen en una especie de casta: personas que se sienten distintas, que viven en un país y en un mundo que no es el mismo que el de quienes representan", explica.
"Sería ridículo y soberbio pensar que este proyecto cambia la desigualdad, pero es una señal potente", dice por su parte Jackson a BBC Mundo.
"Y como parte de un paquete de medidas que legisle sobre la relación de dinero y política, podría ser un aporte", agrega.
Posibilidades reales
"Tengo la impresión de que la labor parlamentaria está muy desprestigiada en relación a lo que efectivamente se hace. Es un trabajo de lunes a domingo", plantea sin embargo el abogado Tobar.
"Bajar la dieta es buena como señal política, pero poco efectiva en la práctica, porque tenemos problemas mayores. La relación entre política y dinero es nefasta en Chile. La única fórmula razonable de salir de esto es que el Estado financie la política", advierte.
Y algo parecido hace la analista política Claudia Heiss.
"La dieta hay que bajarla, es demasiado alta. Pero que eso no se interprete como que no se necesita plata pública en la política. Me gusta la idea, pero no me gusta la forma en que se ha dado el debate. Para mucha gente cualquier gasto parlamentario es mucho", le dice a BBC Mundo.
"Es peligroso plantear que los parlamentarios no saben nada y no hay que pagarles. Es peligroso plantear que no hay que gastar plata en política. El gasto público, en campañas, partidos políticos y dietas parlamentarias es muy importante, porque permite la democracia. En política, lo barato cuesta caro, porque en el extremo, sería mucho más barato cerrar el Congreso e instalar una dictadura", explica.
Las posibilidades reales de que el proyecto "despierte" dependen de que el Ejecutivo le ponga urgencia o que el presidente de la Comisión de Constitución lo ponga en tabla. Pero esa comisión tiene hoy otras prioridades.
"Se van a ir sumando varios parlamentarios, quizás no todos están de acuerdo con el monto de rebaja, pero ya hemos agarrado un poco de conciencia de que los sueldos parlamentarios no se ajustan a nuestra realidad como país", plantea Jackson.
La analista política Claudia Heiss cree que hay que bajar la dieta, pero advierte que la medida no se debe interpretar como que no se necesita dinero público en la política.
¿Y si se redujera la dieta, a dónde piensa que se destinarían esos recursos?
"El gasto se puede ir a muchas partes", dice el diputado.
"Pero se podría mejorar muchísimo la actividad política si esos recursos los dedicamos a otra cosas, como financiar, con mucha fiscalización, la actividad política en otros ámbitos. O generar más independencia del sector privado dando mayor financiamiento a las campañas políticas", agrega.
Y concluye: "Se pueden hacer muchas cosas, pero hoy los recursos se están malgastando".