Argentina se encuentra en la cuenta regresiva para evitar una nueva cesación de pagos de su deuda externa luego de que un grupo de bonistas obtuviera el aval de la justicia de Estados Unidos para obligar al país a pagarles lo adeudado antes del 30 de julio.
Si Argentina no paga, volverá a caer en un default.
Estos fondos de inversión –o fondos "buitre" como los llama el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- vienen reclamando hace años el pago de más de US$1500 millones, y además de acudir a los tribunales han llevado a cabo toda una serie de estrategias para presionar al país sudamericano.
Estas tácticas son ejecutadas por el American Task Force Argentina (ATFA), un grupo que se autodefine como "una alianza de organizaciones unidas para reclamar un trato justo y equitativo" del gobierno argentino en su reclamo por el pago de sus bonos.
Hace unos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino denunció una campaña de este grupo para "atacar el proceso productivo y la capacidad exportadora de la República Argentina".
"Los lobbys de los fondos buitre realizaron (…) una presentación en el Congreso de Estados Unidos a fin de presionar políticamente para que se impida la apertura de las exportaciones argentinas de carne a dicho país", aseguró la Cancillería a través de un comunicado.
El gobierno argentino busca hace más de diez años poder volver a exportar carne a EE.UU. luego de que ese país restringiera su ingreso como consecuencia de un brote de fiebre aftosa, que Argentina asegura haber superado, cosa que fue puesta en duda por los representantes de los fondos.
"Queda claro a partir de este nuevo episodio de lobby en contra de los intereses argentinos que los fondos buitre sólo pretenden extorsionar al pueblo argentino sin medir las consecuencias del daño que ocasionan con tal de obtener un beneficio económico usurario", denunció el canciller Héctor Timerman.
Por su parte, a través de medios estadounidenses y argentinos, el ATFA acusó al gobierno argentino de realizar una "campaña de desinformación" basada en "mitos", y defendió el derecho de los bonistas de cobrar el 100% del valor de sus papeles.
TÁCTICAS
El lobby o cabildeo que realiza el ATFA es sólo una de formas que han utilizado los fondos para presionar a Argentina.
También han actuado de manera más directa, buscando embargar bienes argentinos en el exterior para así cobrar el dinero que reclaman.
El gobierno argentino informó que los "buitres" han llevado a cabo más de 900 juicios e intentos de embargo contra el país, hasta ahora de manera infructuosa.
Los pedidos de embargo no sólo afectan a los bienes soberanos, sino también a cuentas en el exterior a nombre de la presidenta y otros funcionarios.
La confiscación más famosa fue la de la Fragata Libertad, el buque insignia de la Armada argentina, que a finales de 2012 permaneció retenida durante más de dos meses en Ghana, luego de que la Justicia local aceptara un recurso presentado por el grupo NML Capital, uno de los principales demandantes de Argentina.
Si bien la nave fue liberada, después de ese episodio las autoridades argentinas decidieron limitar su recorrido a los países de América Latina y el Caribe, para evitar nuevos problemas legales.
SIN ACIONES PROPIOS
El riesgo a un embargo también dejó a la presidenta Fernández sin la posibilidad de usar su avión oficial en sus viajes al exterior.
Tras un breve embargo del Tango 01 en EE.UU., entre marzo y mayo de 2007, el Estado comenzó a contratar aviones privados para los compromisos internacionales de la mandataria.
En tanto, el presidente de la reestatizada Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, informó que hubo intentos de embargar los aviones de la aerolínea de bandera en el exterior pero aclaró que esa acción sería imposible ya que la empresa contrata sus aeronaves a través del leasing (un alquiler con opción a compra) y no es dueña de los aviones.
El diario argentino Ámbito Financiero reveló esta semana que el fondo NML también presentó un pedido ante un tribunal de California (EE.UU.) para embargar activos de la petrolera estatal argentina YPF y de la estadounidense Chevron, su socia en la explotación del mayor yacimiento de gas y petróleo no convencional de Argentina, Vaca Muerta.
Según el economista Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso de Argentina, estos pedidos no serán exitosos, porque ambas empresas son personas jurídicas separadas del Estado argentino.
El experto le dijo a BBC Mundo que es improbable que los fondos logren embargar un bien importante de Argentina ya que hay muy pocos recursos embargables en el exterior, y los bienes en el país están protegidos por la Justicia local.
Sin embargo, Abram opinó que estas estrategias que usan los fondos causan bastante daño al país.
"Los trámites judiciales le dificultan la vida al gobierno y generan costos extra, pero el mayor daño es el que se logra a través de la campaña mediática, ya que impacta sobre la credibilidad del país y afecta el crédito no solo al sector público sino también al privado", consideró.
Por su parte, la presidenta Fernández aseguró que no se dejará presionar por los fondos, que representan menos del 1% de los acreedores de Argentina.
"Mientras sea presidenta no voy a dejar embargar nuestra soberanía", desafió el miércoles la mandataria.
Foto: Reuters