Alberto Nájar BBC Mundo, Ciudad de México
Cuando los padres de 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, anunciaron que no confían en la investigación que realiza la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), en México pocos se sorprendieron.
En el país existe una desconfianza histórica de familiares de víctimas y organizaciones civiles a las pesquisas oficiales, especialmente en los casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Algo que las autoridades se han ganado, le dice a BBC Mundo José Antonio Guevara Bermúdez, director de la independiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
"No confiamos porque nunca han llevado a juicio ningún caso, por lo menos de la época reciente", explica.
"La prolongada ausencia de voluntad política de toda la historia reciente de México los ha llevado al momento en que estamos hoy".
En contraste, el presidente Enrique Peña Nieto asegura que su gobierno realiza el máximo esfuerzo para solucionar el caso de Iguala.
"Con firme determinación, el Gobierno de la República mantendrá los esfuerzos para el total esclarecimiento de los hechos. No basta con la captura de los autores intelectuales. Detendremos a todos los que participaron en estos crímenes abominables", asegura.
Forenses argentinos
Los 43 estudiantes son alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, y desaparecieron tras un ataque de la policía de Iguala la noche del 26 de septiembre.
Días después la fiscalía de Guerrero encontró 28 cuerpos en cinco fosas, que presumieron pertenecían a los jóvenes normalistas.
Pero los familiares de las víctimas exigieron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se encargara de identificar los restos, y advirtieron que sólo confiarían en su dictamen.
Es una posición que aún sostienen, incluso después que algunos detenidos confesaron su participación en el homicidio de los jóvenes, según el procurador Jesús Murillo Karam.
No es la primera vez que se pide ayuda internacional para resolver una tragedia, e incluso los forenses argentinos ya han participado en otros casos recientes.
Caso Radilla
El EAAF, por ejemplo, ayudó en la identificación de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como en el análisis de restos de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas.
También identificaron a jóvenes secuestrados en un bar la capital del país, sepultados en una fosa clandestina en el Estado de México.
En todos los casos su presencia tuvo una razón: los familiares de las víctimas no confiaron en la investigación de las autoridades.
Y no han sido los únicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha intervenido en varios asuntos de violencia en México, debido a que la PGR no ofreció resultados según las organizaciones que solicitaron la ayuda internacional.
Uno de los más recientes es la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, un músico desaparecido en Guerrero en 1974 durante el llamado período de la Guerra Sucia.
Por el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria, e incluso el gobierno mexicano reconoció su responsabilidad y pidió perdón a la familia.
Desconfianza
Pero fue todo lo que se hizo, a pesar que desde 2000 la PGR inició una investigación sobre el caso recuerda el director de la CMDPDH.
"Nunca hemos tenido una sola persona consignada por la responsabilidad de ese delito, cuando se sabe cuál fue el batallón que lo detuvo y la región militar a la que pertenecía", asegura Bermúdez.
"No ha habido nunca un responsable en la cárcel, nunca se ha investigado ni castigado a nadie".
Por eso la desconfianza de las organizaciones civiles que ven poca experiencia de la PGR para investigar este tipo de casos, pero sobre todo notan falta de voluntad para hacerlo.
"Si es que no pueden que se retiren, no pedimos otra cosa que nuestros 43 alumnos", afirma el padre de uno de los desaparecidos.
"Desgraciadamente ya nos los mataron muchas veces y esperamos en Dios que estén vivos".
Obligaciones
En esa desconfianza coinciden organizaciones como Amnistía Internacional (AI), quien incluso calificó la investigación oficial sobre el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa como “caótica y hostil”.
Guevara Bermúdez recuerda que en otros casos donde se ha comprobado la participación de autoridades federales, ha sido muy difícil castigar a los responsables.
"Hay falta de voluntad política de muchos años por investigar este tipo de crímenes", subraya
Mientras, la directora para las Américas de AI, Érika Guevara Rosas, insiste en la responsabilidad del gobierno mexicano.
"Es obligación de las autoridades llevar ante la justicia a todos aquellos que trabajan a nivel estatal y federal que son cómplices de estas graves violaciones a los derechos humanos", advierte.