La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la conformación de una Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar el cumplimento de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública respecto a destinaciones de inmuebles fiscales por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.
La instancia también busca establecer si la administración y enajenación de los mismos se ha ajustado al objetivo de las referidas destinaciones, a la legislación vigente y, en especial, a los criterios establecidos por la Contraloría General de la República.
A raíz de la solicitud se espera conocer el destino de los terrenos fiscales que fueron traspasados a las Fuerzas Armadas, en particular, en marzo de 1990, días antes del fin del régimen militar.
Tras la votación, el diputado Joaquín Tuma explicó que la idea es verificar si estos bienes están siendo ocupados para el objetivo por el cual fueron transferidos y no que terminen en gestiones inmobiliarias como un terreno en la comuna de Victoria, que la Contraloría General de la República determinó que el Ejército no podía vender y cuyo valor asciende a 790 millones de pesos.
Ese mismo dictamen habría señalado la obligación del Ministerio de Bienes Nacionales de fiscalizar esta situación y poner término a la transferencia cuando los terrenos no sean utilizados por el beneficiario.
La comisión tendrá un plazo de 90 días para concluir con las investigaciones.