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Cámara Alta se niega a entregar su investigación sobre senadores a Fiscalía

La instancia, que tiene en su poder las declaraciones de cuatro senadores indagados por la justicia, precisó que escapa a su competencia investigar eventuales delitos, pero que el Ministerio Público puede recabar la información mediante otras diligencias que están dentro de sus atribuciones.

Claudia Del Solar

Martes 10 de noviembre de 2015

La Comisión de Ética y Transparencia del Senado se negó a entregarle información a la Fiscalía sobre el procedimiento ético que sigue en contra de cuatro senadores involucrados en causas judiciales.

La Cámara Alta respondió así a un oficio secreto de la Fiscalía Nacional enviado el 22 de septiembre, donde se pide información respecto del procedimiento que sigue la Comisión a cuatro senadores investigados en casos judiciales por financiamiento irregular de la política.

Por la unanimidad de sus miembros, la instancia senatorial respondió que "la Comisión no está legalmente autorizada para comunicar antecedentes que integran un procedimiento ético en pleno desarrollo. Este impedimento incluye especialmente, las presentaciones que haya hecho un senador en el curso del mismo, toda vez que, desde la perspectiva de la cautela de los derechos de las personas, significaría una afectación sustancia de la garantía que les corresponder de guardar silencio en las investigaciones penales o de resolver prestar declaración, pero no de hacerlo bajo juramento".

En junio pasado la Comisión pidió a los parlamentarios que están siendo indagados en procesos judiciales entregar un informe explicando los hechos que los afectan, para lo cual tenían plazo hasta julio.

Dicho informe fue entregado dentro del plazo por Iván Moreira, quien fue formalizado el pasado 22 de junio por el caso Penta; el independiente Carlos Bianchi, quien está siendo formalizado hoy en Magallanes tras ser acusado por su presunta participación en delitos de negociación incompatible y fraude al fisco, y Eugenio Tuma, quien está querellado por el Consejo de Defensa del Estado por mal uso de asignaciones parlamentarias.

También entregó su versión Jaime Orpis, querellado por el CDE por cohecho y malversación de caudales públicos; por el SII por delitos tributarios y operaciones tendientes a evadir impuestos de donaciones, y sobre quien pesa desde fines de octubre una petición de desafuero de la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y fraude al fisco.

Además, el presidente de la instancia, Hernán Larraín, aclaró que "escapa por completo a su competencia investigar la eventual comisión de algún hecho constitutivo de delito".

No obstante, en el oficio enviado a la Fiscalía, la Comisión consideró que "las restricciones legales que le impiden divulgar antecedentes respecto de procedimientos en curso sobre materias éticas no obstan que, en caso de que el Ministerio Púbico estime necesario contar con algunos de ellos, pueda recabarlos mediante las otras diligencias de investigación propias  de sus atribuciones".