Por 87 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que regula el lobby, es decir, la influencia que distintos grupos económicos o sociales ejercen en la tramitación de leyes que les afectan.
Asimismo, durante la sesión se dio luz verde a una indicación que establece un registro de lobbystas y gestores de intereses particulares, cuando se efectúen ante autoridades como los parlamentarios, alcaldes, concejales y consejeros regionales y el Contralor de la República, entre otros.
El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, expresó que "estamos contentos y satisfechos por este avance para perfeccionar y mejorar la democracia en nuestro país".
El proyecto ahora debe continuar con su tercer trámite constitucional en el Senado.
DETALLES DEL PROYECTO
El proyecto que regula el lobby establece que ciertas autoridades o funcionarios deberán registrar y poner a disposición del público en sus sitios web de transparencia activa, la información de las audiencias y reuniones sostenidas con las personas que realicen lobby y gestionen intereses particulares. Este detallado registro deberá ser actualizado mensualmente.
Asimismo, establece la publicación de los viajes realizados, mencionando especialmente el destino del viaje, su objeto, el costo total y la persona jurídica o natural que lo financió, y la información completa sobre los donativos oficiales y protocolares que dichas autoridades o funcionarios reciban los sujetos pasivos.
La iniciativa, que pasa a tercer trámite constitucional, establece a su vez que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) pondrá a disposición del público toda esta información en un solo sitio web, de modo de asegurar un fácil y expedito acceso a ella. También pondrá semestralmente a disposición del público un listado sistematizado de todos los lobbystas y gestores de intereses particulares que han sostenido audiencias o reuniones con dichas autoridades o funcionarios.
Entre otras cosas, la iniciativa prevé sanciones para las autoridades o funcionarios que no registren la información a que están obligados o que lo hagan de manera inexacta o falsa. Por otra parte, se establece una sanción penal, consistente en una multa de 10 a 50 UTM a las personas que soliciten reunión o audiencia y omitan información de modo inexcusable o que a sabiendas entreguen información inexacta o falsa.