Este miércoles, el fiscal de O'Higgins que encabeza las investigaciones del caso Caval, Luis Toledo, presentó una solicitud para formalizar a los primeros nueve imputados en la causa. En la lista se incluyó a la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada.

Cabe destacar que, pese a estar involucrados, ni la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon ni su hijo, Sebastián Dávalos, fueron citados en esta oportunidad por el Ministerio Público.

Revisa a continuación un perfil de las personas que deberán acudir el próximo 29 de enero al Juzgado de Garantía de Rancagua, encabezados por el socio de Compagnon, Mauricio Valero, y el síndico de quiebras a cargo de vender los terrenos a Caval, Herman Chadwick Larraín:

- Mauricio Valero Illanes: Relacionador público con un MBA en la Universidad del Desarrollo. Socio de Natalia Compagnon en la empresa Caval, de la cual posee el 50%. Antes de crear Caval, trabajó 10 años en la empresa de computación Tech Data Chile, de la cual llegó a ser director ejecutivo.

Será formalizado en calidad de autor del delito de soborno, artículo 250 del Código Penal.

- Herman Chadwick Larraín: Hijo del abogado y militante UDI, Herman Chadwick Piñera, y sobrino del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, También de profesión abogado de la Universidad Católica, es socio del estudio Chadwick & Cía. abogados. Obtuvo un Master Of Business Administration (MBA) en la misma casa de estudios.

Es síndico de quiebras desde el año 2000 y cuenta con especialización en asuntos corporativos, comerciales y societarios, adquisiciones y negociaciones, quiebras y convenios judiciales y extrajudiciales.

Chadwick Larraín fue el encargado de vender los campos de la familia Wiesner a Caval, en el marco de un convenio judicial preventivo que impediría que las deudas los llevaran a la quiebra. Las investigaciones pretenden aclarar su cercanía con el gestor inmobiliario Juan Díaz, a quien le pagó $415 millones mientras trabajaba la modificación del uso de suelo de los terrenos de Machalí.

No obstante, a comienzos de diciembre y en el marco de la comisión investigadora Caval II, el Superintendente de Quiebras, Andrés Pennycook, actualizó el estado de un informe entregado por el síndico de quiebras respecto a su gestión en la transacción de los tres predios en Machalí con la empresa de propiedad de Valero y Compagnon. De ahí se desprende que Chadwick devolvió 140 UF al Tribunal, anuló facturas y saldó la objeción respecto al pago a Díaz.

Se encuentra en calidad de autor del delito de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio.

- Juan Díaz Sepúlveda: Gestor inmobiliario vinculado a la UDI y cercano al ex candidato presidencial, Pablo Longueira. Además mantuvo una relación cercana con el síndico Herman Chadwick. Según versiones de prensa, fue la personas que contactó a Mauricio Valero para ofrecerle los terrenos de Machalí.

Durante el caso Spiniak, Díaz Sepúlveda fue parte de un equipo de investigación extrajudicial el partido gremialista donde participó en la búsqueda de testimonios que desacreditaran las acusaciones de Gemita Bueno en contra del ex senador y ex presidente de la colectividad, Jovino Novoa. Fue el único militante UDI en ser formalizado por amenazas y estafa, cargos por los cuales fue sobreseído.

Según un cercano que prestó testimonio a Ciper, "su negocio es darle un valor agregado a los terrenos, para conseguir un mejor precio y así lograr una comisión". Díaz habría estado en conocimiento de que el terreno que Chadwick debía enajenar en Machalí subiría su valor exponencialmente si se concretaba un cambio al Plan Regulador Intercomunal (PRI) y el uso de suelo del paño pasaba de agrícola a urbano. Por esta razón, habría dado pie a las gestiones en Santiago para atraer potenciales compradores a la zona.

Se le investiga como autor del delito de soborno del artículo 250 del Código Penal y como cómplice de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio.

- Andrés Orchard Vergara: Ingeniero comercial desde el año 2000. Pese a no ser abogado, forma parte del buffete Chadwick & Cía. abogados.

Orchard es consultor en materias de financiamientos, evaluación de proyectos y gestión empresarial. Ha trabajado con el síndico Chadwick en varias quiebras y convenios judiciales, incluyendo la compra de tierras en Machalí en manos de Caval.

Se le vincula al caso luego de que la sociedad Vicuña y Compañía, controlada por su mujer, María Francisca Vicuña, apareciera como receptora de un depósito de $96 millones realizado por el síndico Chadwick. Dicho dinero le habría sido cancelado a Chadwick por concepto de "premio" por su trabajo en la venta de terrenos.

La persona que proporcionó esta información fue el contador Jorge Lufín, quien trabajó para la empresa Wiesner S.A., antigua dueña de los terrenos que compró Caval en Machalí. Lufín señaló también que Chadwick recibió otro pago por 183 millones de pesos por su labor como interventor y liquidador del convenio judicial preventivo.

Se le formalizará en calidad de cómplice de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio.

- Jorge Silva Menares: Es un arquitecto y ex director de Obras de la municipalidad de Machalí. Fue despedido por "graves faltas a la probidad", pese a que tuvo un meteórico ascenso en la sede edilicia a la que ingresó en abril de 2009 para encabezar un programa que daba trabajo a jefes de hogar cesantes. Según Ciper, en diciembre del mismo año se convirtió en director de Obras, hasta que en julio de 2014 asumió como el administrador de los dineros del municipio.

La Fiscalía lo ha investigado por las irregularidades que pudo haber cometido en el último cargo que ocupó antes de su desvinculación.

Según Ciper, Juan Díaz hizo traspasos de dinero a Silva en momentos en que el arquitecto sumaba una gran cantidad de deudas que con el tiempo dieron origen a cuatro acciones judiciales en su contra por créditos impagos, presentadas por tres bancos y un fondo de inversión entre 2011 y 2014. Una de ellas fue dirigida también en contra de su cónyuge, la analista de sistemas Marisol Navarrete Carmona.

Además, Ciper también reveló un intercambio de correos electrónicos de octubre de 2013, entre él (como director de Obras de Machalí) y Mauricio Valero. Este intercambio ocurrió pocos meses antes de que Caval comprara los cuestionados tres paños de tierra en la Sexta Región.

Silva enfrentará cargos en calidad de autor del delito de cohecho, artículo 248 bis del Código Penal.

- Marisol Navarrete: Analista de sistemas y pareja de Jorge Silva Menares. Como se mencionó anteriormente, fue objeto de una de las cuatro acciones judiciales en contra de su esposo por créditos impagos.

Uno de los puntos que más intriga ha generado en las investigaciones, es que el 23 de diciembre de 2013 compró un automóvil marca Volvo modelo C30 2.0 año 2014, avaluado en aproximadamente $13 millones. El 24 de enero de 2014, adquirió un segundo Volvo cero kilómetro V40 T4, por un precio similar al anterior. Estas compras se realizaron justo cuando Juan Díaz terminó los trabajos encomendados por el síndico Herman Chadwick para vender los tres terrenos de Machalí a Caval y gestionar el cambio del plan regulador de la comuna, labores por las que recibió $415 millones.

Se le consideraría como cómplice del delito de cohecho, artículo 248 bis del Código Penal.

- Cynthia Ross Wiesner: De profesión arquitecta, es sobrina y fue asesora de Patricio Wiesner, dueño original de los predios de Machalí, tras lo cual trabajó para el abogado Herman Chadwick Larraín. También se desempeñó en asesoramiento para la municipalidad de Machalí.

Ross habría participado en el intento de cambio del plan regulador de Machalí, lo que hubiese beneficiado a Caval. De hecho, elaboró una propuesta de desarrollo urbano para cambiar el uso de suelo sobre 174 hectáreas, la que fue entregada al municipio local. Tras ello, entró a trabajar como asesora a honorarios a dicha municipalidad, donde estaba encargada de agilizar el plan regulador diseñado por ella misma, así como el Estudio de Capacidad Vial que lo sustentaba. Paralelamente, Ross se reunía y entregaba información a eventuales compradores de los terrenos como Valero, a quien acompañó en una de las tasaciones del sitio.

Fue declarada imputada en calidad de autora del delito de cohecho, artículo 248 bis del Código Penal.

- Matías Ovalle Andrade: Según el sitio de la firma de abogados Ovalle y Cía, es jurista de la Universidad Diego Portales, titulado con distinción. Desde 2004 a la fecha es socio del estudio jurídico.

Tiene experiencia en asesoría corporativa y comercial, inversión extranjera y fusiones y adquisiciones, además de dos Master cursados en la Notre Dame University (1994-1995) y en la Katholieke Universiteit Leuven (1995-1996).

Será formalizado en calidad de autor del delito de prevaricación de abogado, del artículo 231 del Código Penal y como encubridor del delito de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio.

- Daniel Huerta Cordero: También es abogado de la Universidad Diego Portales (Premio Universidad Diego Portales al mejor Licenciado), titulado con distinción máxima. Desde el año 2000 se ha desempeñado como abogado de Ovalle y Cía, donde comparte con Matías Ovalle. A partir del año 2005 es uno de los socios. Tiene experiencia en asesoría a empresas en materia laboral, regulación acuícola, litigios y solución de conflictos.

Va a ser imputado en calidad de autor del delito de prevaricación de abogado del artículo 231 del Código Penal y como encubridor de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio.