En medio del escándalo que ha significado la denuncia sobre las copias en informes pagados por el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier, una investigación publicada este jueves por el portal Ciper Chile reveló que al menos 40 ex y actuales diputados de prácticamente todos los espectros políticos han pagado abultadas cifras de dinero por informes de asesoría con párrafos extraídos de fuentes que no son citadas o que copian pasajes textuales de documentos en internet.
Entre los parlamentarios mencionados aparecen nombres reconocidos como Camila Vallejo (PC), Gustavo Hasbún (UDI), Roberto León (DC), Marco Antonio Núñez (PPD) y Osvaldo Andrade (PS), por nombrar algunos. Cabe destacar que según apuntó Ciper, los legisladores reciben todos los meses una asignación de $2,4 millones para costear este ítem.
Dichos informes son encargados generalmente a asesores externos –que no forman parte de su equipo permanente– y que les sirven de apoyo cuando el debate legislativo aborda temas que no dominan. La revisión de Ciper abarcó trabajos realizados entre 2014 y 2016.
Según el medio, se lograron detectar 107 informes con algún grado de plagio (18 de ellos con plagio total). De hecho, Ciper aseguró que es altamente probable que existan casos aún no detectados.
Conoce los nombres de los parlamentarios involucrados y la correspondiente cantidad de informes cuestionados:
Gustavo Hasbún (UDI): 3 informes.
Claudia Nogueira (UDI), Carlos Vilches (UDI, dejó la Cámara en 2014), Roberto León (DC) y Sergio Ojeda (DC): 2 informes cada uno.
Carlos Jarpa (PR), Javier Hernández (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Marco Antonio Núñez (PPD), Marta Isasi (Ind. de derecha, dejó la Cámara en 2014), Marcos Espinosa (PR) y Ricardo Rincón (DC): un informe cada uno.
11 diputados son los que presentan más de cuatro informes con párrafos copiados de fuentes que no son citadas:
Camila Vallejo (PC) y Claudia Nogueira (UDI), ambas con 8 informes.
Marcos Espinosa (PR), Carlos Jarpa (PR), Gustavo Hasbún (UDI) y Gabriel Silber (DC), todos con seis informes.
Osvaldo Andrade (PS) y Roberto León (DC), los dos con cinco informes.
Andrea Molina (UDI), Sergio Ojeda (DC) y Fidel Espinoza (PS), los tres con cuatro informes.
Ciper contactó a los diputados que aparecen en el listado durante la mañana de este mismo jueves 7 de septiembre. Tras ello, los propios congresistas sostuvieron una reunión de comité para coordinar una respuesta corporativa. Fue así como cerca del mediodía la Cámara de Diputados emitió una declaración pública en la que solo indican que los fondos para asesorías externas son revisados por el Comité de Auditorías del Congreso Nacional. Revísala a continuación:
DECLARACIÓN PÚBLICA
Ante la publicación de reportajes y consultas de diferentes medios de comunicación sobre el uso de recursos en materia de asesorías externas, la Corporación declara:
1. Que una vez más la Cámara de Diputados ratifica su compromiso y disposición hacia la mayor transparencia, con un constante actuar en pos de la entrega de información que es requerida por la ciudadanía.
2. Existe un Comité de Auditorías del Congreso Nacional cuya función es auditar los fondos públicos que cada Cámara pone a disposición de los señores y señoras parlamentarios y a los Comités, para financiar el ejercicio de la función parlamentaria. Entre ellos, los fondos destinados a la contratación de asesorías externas, de acuerdo a la regulación y directrices del Consejo Resolutivo de Asignaciones.
En la actualidad, conforme al plan aprobado, el Comité de Auditoría se encuentra analizando los informes de Asesorías realizados hasta la fecha. Cualquier observación se resolverá conforme al ordenamiento vigente.
3. Asimismo, la Cámara de Diputados está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, velando por el correcto uso de los mismos.
Al revisar y calcular las cifras, Ciper logró establecer que entre 2015 y 2016 el presupuesto de la Cámara para pagar asesorías externas sumó unos $3.550 millones. En el mismo periodo, los informes pagados fueron unos 3.500. De esta manera, la muestra revisada para la investigación periodística indica que la corporación desembolsó $169,6 millones en informes que presentan contenidos plagiados.