Ingresó el 20 de enero y, antes que terminara el año legislativo, estaba aprobado.
Es un proyecto que pasó colado entre las mediáticas discusiones del Acuerdo de Unión Civil (AUC), el fin del sistema binominal y la reforma educacional, pero que no deja de ser llamativo.
Se trata de un bono trimestral de $240 mil que será entregado durante 2015 a 7.800 funcionarios públicos de planta, a contrata y con contrato vigente desde el 1 de enero de este año.
También dentro de este grupo, están aquellos que se rigen por el Código del Trabajo; quienes pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil; Atención Primaria de Salud Municipal; asistentes de la educación regidos por la ley n°19.464; funcionarios académicos, no académicos, profesionales y directivos de la Universidad de Atacama; y aquellos funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551.
Pero por qué este aumento que se traduce en un costo de 7.500 millones de pesos, el cual será sacado del presupuesto de inversión del Gobierno Regional de la Región de Atacama.
Según el diario El Mercurio, el proyecto es patrocinado por los ministros de Hacienda, Alberto Arenas; del Interior, Rodrigo Peñailillo; y el subsecretario de esa misma cartera, Mahmud Aleuy; y argumenta para estos bonos que "los costos de la vida en diferentes sectores geográficos del país son asimétricos, lo que tiende a generar inequidades".
"En el caso de la Región de Atacama es paradigmático en este punto (...) En el caso de los trabajadores del sector privado, han existido aumentos de remuneraciones que han permitido hacer frente a estos aumentos de precios, pero ello no ha ido a la par para los funcionarios del sector público", señala la iniciativa.
Y agrega: "Considerando que el eje principal del programa es combatir las desigualdades, es que también debemos abordar soluciones a tales inequidades geográficas originadas por diferenciales de costo de vida".
Añade el proyecto que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) deberá realizar un estudio en 2015 para determinar el costo de una canasta de consumo nacional y desagregada por regiones.
TRÁMITE LEGISLATIVO
El proyecto ingresó el 20 de este mes con suma urgencia a la Cámara de Diputados y un día después fue aprobada por la Comisión de Hacienda, por lo que despachado al Senado tras recibir el respaldo de 100 parlamentarios. Se abstuvo el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Ramón Farías, y no hubo intervenciones en la discusión.
Una semana después, la Comisión de Hacienda del Senado discutió el proyecto y el miércoles pasó a la Sala donde se despachó sin observaciones.
Tuvo el respaldo de 23 parlamentarios y la abstención de los senadores, Jaime y Felipe Harboe (PPD); y los UDI, Jacqueline van Rysselberghe, Juan Antonio Coloma, Víctor Pérez y Jaime Orpis.