Cuatro gobernadores designados por Michelle Bachelet se encuentran en el ojo del huracán.
La gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio (PPD), es cuestionada por tener un puntaje en la Ficha de Protección Social que la deja dentro del 1% más pobre del país, permitiéndole acceder a diversos beneficios del Estado enfocados a ese grupo de la población.
Según informa La Tercera, que tuvo acceso a los documentos, la autoridad provincial tiene a marzo de este año 2.119 puntos, mientras que la persona más pobre de Chile hoy posee 2.072.
El mismo medio indica que parlamentarios se han quejado por esta situación en privado, esperando nuevos antecedentes para realizarlas de manera pública.
Salvador Delgadillo (PC), gobernador de Santiago, también es reprochado, pero por una querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado en su contra en 2013.
La acción del CDE, fue por presuntos desvíos de fondos de la reconstrucción cuando Delgadillo era alcalde de Tiltil.
El gobernador de Antofagasta, Hernán Vargas, por su parte, es cuestionado por recibir una pensión Valech. Cuando era concejal, agrupaciones víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en dictadura pusieron en duda su condición de ex prisionero político, situación que volvió a generar polémica tras se nombramiento.
Finalmente, al gobernador de Ñuble, Cristián Fernández, se le critica su anterior gestión como alcalde de San Fabián de Alico, cargo del que fue suspendido por el Tribunal Electoral Regional. Dicha medida fue revocada, pero aún se le reprocha por supuestas irregularidades en el municipio.