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Diputados de Chile Vamos deciden acusar constitucionalmente a la ministra Blanco

La decisión fue tomada tras la interpelación de la ministra por las irregularidades en el Sename y Gendarmería.

24Horas.cl TVN

Miércoles 3 de agosto de 2016

La tarde de este miércoles, los diputados de la bancada Chile Vamos decidieron presentar una acusación constitucional contra la ministra de Justicia Javiera Blanco.

La decisión fue tomada tras la interpelación a la que fue sometida la secretaria de Estado en la que respondió por las irregularidades en las pensiones de los funcionarios de Gendarmería y la errada información entregada por el Gobierno respecto al número de niños muertos bajo el cuidado del Sename.

"Hay varias leyes que se han transgredido y por eso creemos que hay fundamentos suficientes y pensamos que tenemos que concordar con los diputados independientes, para hacer una acusación en conjunto con ellos", señaló el diputado RN, Germán Becker.

El mismo indicó que la acusación podría ser presentada dentro de dos semanas.

¿Qué es una acusación constitucional?

Es un proceso constitucional de naturaleza jurídico-política y seguido ante el Congreso Nacional para hacer efectiva la responsabilidad de altos funcionarios públicos.

El proceso se dirige contra autoridades por haber incurrido en alguna infracción constitucional predeterminada por la Constitución, la que puede justificar la destitución del acusado o su inhabilidad para el cargo.

El procedimiento inicia con la acusación, la que debe ser presentada por un mínimo de 10 diputados, con un máximo de 20. Luego, la Cámara deberá elegir al azar una comisión de cinco diputados para que informe si procede o no la acusación. Los designados deberán estudiar y pronunciarse respecto al libelo.

La Cámara Baja deberá examinar la acusación diariamente y votar respecto a ella, la que debe ser aprobada por la mayoría de los diputados presentes.

A su vez, el acusado tendrá un plazo máximo de 10 días para presentar sus descargos.

En caso de aceptarla, el Senado deberá resolver la acusación, limitándose a declarar si el acusado es culpable o no, necesitándose para ello la mayoría de los votos en sala.

Respecto a los efectos, si el Senado desestima la acusación o no se pronuncia dentro de 30 días, cesará la suspensión de funciones del acusado.

Si el funcionario es declarado culpable, quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñarse en el área pública por un plazo de cinco años.