Por Claudia del Solar
El Senado podría introducir una serie de modificaciones a la Reforma Laboral que acaba de ser aprobada en general en la Comisión del Trabajo, pero ninguna de ellas se referiría a permitir el reemplazo durante la huelga o flexibilizar la titularidad sindical, es decir, la propuesta ya aprobada de que los trabajadores deben afiliarse a sindicatos para participar de los beneficios que éstos negocien con las empresas.
Así al menos lo señalan parlamentarios de la Nueva Mayoría vinculados a la comisiones de Trabajo de ambas cámaras, que dicen haber escuchado que en el Cónclave la Presidenta reafirmó la "huelga efectiva" y que la única forma de lograrla es no permitir los reemplazos ni siquiera con personal interno.
No obstante se harán otras adecuaciones al texto que salió de la Cámara de Diputados.
Ello está en línea con las declaraciones de esta mañana del Ministro del Interior, Jorge Burgos, quien afirmó que "hay un espacio de conversación en el Senado respecto de la Reforma Laboral que ya viene con una propuesta desde la Cámara, pero creo que justamente -porque en Chile hay un sistema de doble instancia legislativa- ese segundo trámite es una buena oportunidad para hacer ajustes y para conversar sobre temas importantes respecto de una reforma que nadie discute que es trascendente".
Aunque dijo que está satisfecho con el proyecto que salió de la Cámara y que ya se votó en general en la Comisión del Trabajo del Senado, "se pueden analizar ciertos aspectos y ajustes".
Esas declaraciones se suman a lo dicho ayer tras el comité político por el presidente de la DC, Jorge Pizarro, quien advirtió que se está analizando la Reforma Laboral y que esperan tener en una semana "un acuerdo que pueda potenciar los derechos de los trabajadores y resguardar los intereses de la empresa. No descartamos ninguna posibilidad, sólo tenemos que hacerlo bien".
En un sector del empresariado, esa declaración se ha leído como una apertura a permitir el reemplazo de los trabajadores durante una huelga, aunque sea con personal interno, idea que se reforzó luego de que el timonel del Senado, Patricio Walker, señalara que existe una opción a introducir modificaciones a la Reforma Laboral.
"Hemos planteado al comité político cuáles van a ser las adecuaciones que el gobierno va a proponer en relación a la Reforma Laboral... esperamos que el gobierno nos haga una propuesta, vamos a estudiarla y daremos una opinión", dijo ayer.
Pero al interior del sector progresista de la Nueva Mayoría afirman que las declaraciones de ayer de Pizarro y Walker se deben a que parecen no haber leído adecuadamente el proyecto que salió de la Cámara de Diputados, pues respecto del reemplazo interno éste está permitido pues las empresas de tamaño pequeño pueden reorganizar internamente a su personal, pero no en las grandes porque eso implica un mecanismo para "perforar" la huelga, precisamente lo que el proyecto intenta evitar.
También rechazan que el proyecto genere un desequilibrio para las partes en negociación al impedir el reemplazo de trabajadores, pues dicen que esto se compensa con la definición de servicios mínimos. Según señala el proyecto, "por una parte, se prohíbe el reemplazo de trabajadores, eliminando la facultad del empleador de reemplazar los puestos de trabajo, con trabajadores propios o externos de la empresa.
En oposición, la iniciativa contempla la obligación de suministrar servicios mínimos, consagrando el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para atender las operaciones indispensables para evitar un daño actual e irreparable a los bienes materiales, instalaciones o infraestructura de la misma o que causen grave daño al medio ambiente o un daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud. Para definir los servicios mínimos se debe considerar necesariamente los requerimientos vinculados al tamaño, especificidad y características de la empresa". Por lo mismo, la definición de servicios mínimos es uno de los aspectos que el Senado busca precisar.
Descartan pago por reemplazo
En el Senado el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier, descarta que haya una negociación en torno a permitir el reemplazo de los trabajadores en huelga por la vía de que el empresario deba pagarle una suma al sindicato.
"Eso es contravenir lo que el gobierno ha señalado, que la huelga debe ser efectiva, eso lo dijo la Presidenta en el Cónclave y nadie lo rebatió", indica.
El proyecto impide lo que hasta ahora establece la legislación: el "descuelgue" de la huelga, y elimina la facultad del empleador de reemplazar los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga, con trabajadores propios o externos de la empresa, lo que es consistente con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema.
El pago de los empleadores al sindicato para permitir el descuelgue en la huelga fue propuesto en la Cámara mediante una indicación de los diputados UDI Ramón Barros, Felipe de Mussy y Patricio Melero y el RN Nicolás Monckeberg. Este prohibía el reemplazo de trabajadores en huelga mediante la contratación de nuevos trabajadores, salvo que la última oferta formulada por la empresa contemplara, entre otros puntos, "un bono de reemplazo, que ascenderá a la cifra equivalente a ocho unidades de fomento por cada trabajador contratado como reemplazante". Ese bono se pagaría por partes iguales a los trabajadores involucrados en la huelga luego que ella hubiera finalizado y por intermedio del sindicato.
Aunque este mecanismo ya existe, pero el costo es de 4 UF por trabajador, la indicación fue rechazada pues se trata de una materia donde el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva.
En la Cámara y en el Senado ha prevalecido el criterio de la Nueva Mayoría, expresado en el proyecto del gobierno, de que la huelga efectiva es imposible con reemplazo. El proyecto del Ejecutivo alude directamente a la Organización Internacional del Trabajo al señalar que "con el objeto de que la huelga sea un instrumento eficaz que permita a las partes llegar a un acuerdo que resulte favorable para todos los intervinientes en el proceso de negociación y se logren equilibrar las posiciones de los actores, acogiendo los principios de libertad sindical impulsados por la OIT, se eliminará la facultad del empleador de reemplazar los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga, con trabajadores propios o externos de la empresa".
Asimismo, el proyecto señala que esto es consistente con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema. De hecho, en un fallo de enero de 2015, la Corte Suprema reiteró que las empresas no pueden reemplazar a trabajadores en huelga trasladando personal interno, pues ello constituye una práctica anti sindical que hace inoperante recurrir al paro, en el marco de la negociación entre trabajadores y empleador. En la práctica, esto significa que si una empresa de gran tamaño, por ejemplo una firma de retail, tiene varias sucursales, no puede reemplazar con personal de una sucursal al de otra cuyos trabajadores están en huelga.
Tampoco habrían cambios en torno a la titularidad sindical, pues el proyecto se hizo con el fin de fortalecer a los sindicatos y asegurar que haya negociación colectiva. La titularidad es el medio por el cual el beneficio del sindicato se extiende a los demás miembros de éste, pero no a quienes no están sindicalizados.
Los cambios que se analizan
Letelier detalló algunos de los cambios que se han debatido y que podrían plasmarse en indicaciones. Todo ello será debatido la próxima semana en el encuentro programado entre los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que debería incluir a los parlamentarios de la comisión respectiva de ambas ramas del Legislativo.
Primero, habría una cierta flexibilización o nueva mirada hacia las micro y pequeñas empresas, en orden a establecer un procedimiento distinto en materia de huelga, "reconociendo que son diferentes, pero sin vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores", según Letelier. Esto podría incluir elevar el quórum para constituir sindicatos.
Con ello concordó el senador Alejandro Navarro, presidente del MAS, quien dijo que "habrá un régimen especial. Hay que cuidar a las Pymes, nada se saca con hacer un paro en una Pyme si después quiebra y los trabajadores pierden su empleo. Vamos a flexibilizar todo lo que sea necesario, porque entre Pymes y empresarios hay una corta distancia, no estamos hablando de grandes empresas, sino de empresas que se identifican mucho con su propietario, con el empresario".
Segundo, se debaten cambios en materia de los pactos de adaptabilidad. Según lo aprobado en la Cámara, "los convenios colectivos suscritos de conformidad a las reglas precedentes podrán incluir pactos sobre distribución de jornada y descansos, horas extraordinarias y jornada pasiva".
En el Senado están de acuerdo con esta disposición general, pero se prefiere que los pactos de adaptabilidad no se desarrollen en el marco de la negociación colectiva, como aprobó la Cámara, sino fuera de ella, y tampoco hay acuerdo con la bolsa de horas extra que se armó en la Cámara, que algunos estiman inadecuada.
Un tercer elemento que se reformará será la definición de los servicios mínimos y los esenciales. Los servicios mínimos son aquellos necesarios para que la empresa funcione, en el marco de una huelga que se está desarrollando y donde se para la producción; mientras, los esenciales abarcan a aquellas empresas estratégicas donde se requieren para que no haya efectos sobre terceros, por ejemplo, una clínica necesita turnos éticos, una termoeléctrica debe prevenir que explote la caldera o una procesadora de alimentos no puede dejar de funcionar del todo porque pueden producirse riesgos sanitarios que afecten a las personas.
En esa línea, Letelier explicó que lo que viene de la Cámara tiene algunos problemas: "Quién y cómo se define es un tema, porque de la Cámara viene que si en forma previa al inicio de una negociación colectiva las partes no llegan a acuerdo sobre esto, el empleador deberá solicitarlos conjuntamente con la respuesta al proyecto de contrato colectivo. Eso hay que definirlo bien, porque ¿qué pasa si no hay acuerdo o si el tema se judicializa y los tribunales se tardan más de lo que demora la negociación? Hay un problema con el procedimiento, porque el proyecto dice que es una discusión entre la empresa y la organización sindical, pero ¿qué pasa si hay muchos sindicatos? Todavía no sabemos cómo resolverlo, pero no debería ser en el marco de la negociación colectiva".
A su juicio, lo ideal en estos casos es que haya un consejo superior laboral, es decir, una instancia tripartita donde participen trabajadores, empresarios y el Estado, que desarrolle mediaciones obligatorias para que efectivamente se incentive el diálogo.
También se desea definir mejor lo que son las prácticas anti sindicales y desleales, tanto en lo relativo a los abusos de los trabajadores como de los empresarios. Letelier prefiere no ahondar en este punto, pero varias organizaciones gremiales han demandado precisiones respecto de eventuales actos de violencia o tensiones que se generan en el marco de una huelga, ya sea legal o ilegal, por ejemplo, en el acceso a los lugares de trabajo.
Si bien ya se descartó la negociación por rama, algunos mencionan dar más atribuciones a las federaciones y confederaciones para negociar y que el resultado de este proceso sea vinculante. En la práctica, señalan algunos parlamentarios, ya hay negociaciones por gremio, por ejemplo, la hubo cuando se definió el descanso dominical para el comercio, y en esos casos el proyecto es rápidamente aprobado en el Congreso.