Ordenar y racionalizar el despliegue de la infraestructura de las antenas para celulares es lo que busca la nueva Ley de Torres, que comenzará a regir esta semana en el país.
Mayores exigencias urbanísticas y participación ciudadana antes de la entrega de permisos son bases de la legislación que fue explicada por los ministros de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, y de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez.
Ambos destacaron que la normativa cautelará de forma preventiva la salud de las personas fijando un límite para las emisiones radioeléctricas que ubica a Chile entre los cinco países más estrictos de la OCDE.
"Además de proteger el paisaje urbano y la plusvalía de los barrios, la nueva ley se hace cargo de lo más importante: la salud de las personas de forma precautoria como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)", dijo el ministro Errázuriz.
La Ley de Torres también contempla incentivos para que las empresas usen soportes de menor altura, menos invasivos, con diseños acordes al paisaje urbano o infraestructura de terceros ya existentes en las ciudades, evitando los bosques de antenas.
La nueva legislación es retroactiva, por ende, se realizará un catastro para revisar si las actuales antenas cumplen con los índices de emisiones radioeléctricas establecido ahora y se podrá exigir que realicen obras de mejoramiento.