La falta de información en la declaración de patrimonio del administrador de La Moneda, Cristián Riquelme abrió un debate respecto a los antecedentes públicos de las autoridades de gobierno.
Esto porque varios funcionarios invocaron la Ley de protección de la privacidad para así no tener que hacer pública toda su información patrimonial.
La ministra (S) de la segpres, Patricia Silva, ha debido enfrentar la situación y en entrevista con La Tercera explicó la forma en que se generó el denominado problema de sistema.
Según indicó la secretaria de Estado (S), el problema se produjo por una confusión con el instructivo presidencial que en origen, dejaba como una opción la publicación de patrimonio para los funcionarios que no fueran ministros ni subsecretarios.
Silva se refirió al instructivo presidencial que justamente se creó con el objetivo que todos los funcionarios de La Moneda a realizar la declaración. "Se amplió la cantidad de personas a las que se instaba a hacer la declaración de patrimonio e intereses, y se aumentaba la información que debían proporcionar en esa declaración".
La secretaria de Estado (S) indicó que el proceso no estuvo exento de complicaciones, ya que "alrededor de 22 mil personas, tanto las obligadas legalmente como las que están instruidas por el instructivo".
Ante la obligación de realizar la declaración, algunos funcionarios cuestionaron no poder acogerse a la ley de privacidad. Silva indicó: "Establecimos que la persona, junto con llenar el formulario, tenía que autorizar la publicación".
En el caso de funcionarios públicos, por ejemplo los que están a honorarios o son parte de asociaciones de funcionarios, tenían la obligación de declarar pero no de publicarlo.
El problema es que algunos ministros y subsecretarios asumieron que la medida también regía para ellos y por eso decidieron que la información no se publicara.
La ministra (S) señaló que la información siempre ha estado disponible para el organismo fiscalizador, pero no así en el sitio web.
Esta confusión se le denominó error de sistema por parte del gobierno ."Nosotros dijimos que esto fue un tema de sistema, porque hicimos un sistema donde la persona, voluntariamente, tenía que decidir si lo llenaba por obligación legal o por el instructivo presidencial".