Una investigación periodística de radio Bío Bío reveló que tras una auditoría interna de la Cámara de Diputados, algunos de sus integrantes aparecen en los registros con una alta cantidad de líneas telefónicas financiadas con asignaciones parlamentarias, superando en algunos casos con creces el número de asesores que cada uno posee.
Dentro de los que poseen más cuentas telefónicas asociadas destacan los casos de el ex dirigente social Iván Fuentes (DC), quien durante 2016 tuvo 27 líneas declaradas. Detrás de él vienen parlamentarios como Karol Cariola (PC), Cristina Girardi (PPD), Daniel Farcas (PPD) y Gustavo Hasbún (UDI).
Por medio de la Ley de Transparencia, el citado medio logró acreditar que el año pasado en total, los parlamentarios declararon 788 líneas de celulares e internet móvil con cargo al Parlamento por $389 millones. En tanto, solo entre enero y marzo del presente año la cifra superó los $100 millones, con unas 690 líneas activas. Cabe considerar que en promedio, cada diputado posee seis dispositivos móviles.
Tras analizar esta situación, la directiva de la Corporación dio como plazo esta semana para que los diputados presenten declaraciones juradas sobre su uso de celulares. En paralelo, se inició un proceso de auditoría interna al uso de las asignaciones parlamentarias que tendrá sus primeros resultados durante el segundo semestre de este año.
El presidente de la instancia, diputado Fidel Espinoza (PS), confirmó que el mismo instruyó el proceso de revisión y explicó al respecto que en este caso se aplicará una medida similar a la implementada cuando se conoció que con los pasajes liberados de avión ocurría algo parecido: "Este caso va en línea con lo que ocurría antes con los pasajes liberados de avión, que terminaban siendo ocupados por cualquier persona que no tenía vinculación con la labor parlamentaria. Esa situación finalmente se ajustó y reglamentó de tal forma que hoy los pasajes no pueden ser otorgados a quien no esté en la planilla de contrataciones. Con los teléfonos queremos hacer lo mismo".
SENADO: RECABAR ESTA INFORMACIÓN "DISTRAE INDEBIDAMENTE"
Bío Bío intentó obtener información del Senado respecto a esta misma situación. Sin embargo, la Cámara Alta rechazó la solicitud del citado medio de comunicación argumentando que la regulación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias "no obliga a llevar un registro de teléfonos celulares, no restringe el uso de este ítem a un número máximo de aparatos, no impide que el Senador, con cargo a la mencionada Asignación, proporcione un celular a una persona que tenga contratada el Senado para colaborar en el desempeño de su función parlamentaria, ni lo limita en cuanto al reemplazo de los teléfonos".
A esto añaden que averiguar esta información "obligaría a distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales".
Volviendo a la Cámara de Diputados, y tomando en cuenta que Iván Fuentes no estuvo disponible para entregar su versión, la parlamentaria Karol Cariola (PC), quien aparece detrás de Fuentes con 14 líneas móviles durante el presente año, aseguró que todos sus asesores (a marzo de este año contabiliza nueve) tienen teléfonos. Además, dice que cuenta con otros aparatos para quienes se integran a su equipo de manera itinerante y voluntaria.
A lo anterior añade que en su caso "tengo respaldada cada línea y además todas las tengo contratadas desde la Cámara. Ese es un punto a considerar (…) Ningún diputado puede hacer que sus trabajadores tengan que costear de su bolsillo sus líneas telefónicas".
En el caso de Marcela Hernando, del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), aparece en los registros con una de las más altas brechas entre la cantidad de celulares (10) y sus cuatro asesores. Pese a ello, enfatizó que "la información que reportó la Cámara no es correcta (...) "ocho líneas de teléfono que funcionan como celular y una línea de internet que está en Antofagasta".
Cabe destacar que cada mes, los diputados disponen aparte de su dieta parlamentaria de una asignación especial para cubrir los gastos de su labor. Esta considera $6.261.780 para personal de apoyo, $2.399.648 para asesorías externas y $ 5.939.128 para gastos operacionales como oficinas, traslación, correspondencia, difusión, actividad distrital y telefonía.