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Este martes en la Cámara de Diputados se dio cuenta del ingreso del proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior que busca cambiar la institucionalidad y financiamiento del actual modelo.
Revisa la normativa que cuenta con 202 artículos y 60 disposiciones transitorias, la cual ha generado diversas reacciones en el mundo de la educación.
Principales aspectos del proyecto
En las disposiciones generales de la normativa, el proyecto establece que el sistema es de provisión mixta tal como lo había anunciado la Presidenta.
En sus primeros artículos el proyecto define qué son las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica.
La norma recalca que las instituciones de educación superior deberán implementar procesos de admisión que deberán ser objetivos y transparentes.
Nueva institucionalidad
El proyecto de ley establece la creación de:
-Subsecretaría de Educación Superior: Artículo 8 al 21.
Organismo que trabajará de manera directa con el Ministerio de Educación.
Entre sus funciones se contempla proponer y ejecutar políticas educativas ligadas al acceso e inclusión, permanencia y titulación o graduación oportuna de estudiantes de la educación superior.
Otra de sus tareas es administrar el procedimiento de otorgamiento y revocación del reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior.
La administración del Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior que establecerá los procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiantes a las instituciones de educación superior.
-Consejo para la Calidad de la Educación Superior: Artículo 24 al 77.
Servicio público que se relacionará con la presidencia a través del Ministerio de Educación.
Su objetivo es evaluar, acreditar y promover la calidad de las instituciones de educación superior autónomas, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.
-Superintendencia de Educación Superior: Artículo 78 al 140.
Servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relacionará con la presidencia.
Este organismo tiene como objetivo fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior.
Acreditación obligatoria
El proyecto establece que la acreditación institucional es obligatoria para todas las instituciones de educación superior autónomas.
El proceso consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de estándares de calidad, los que referirán a recursos, procesos y resultados.
También se contempla el análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como su aplicación y resultados, y su concordancia con la misión y propósito de las instituciones de educación superior.
Financiamiento
El proyecto de ley también establece el mecanismo de financiamiento de la educación superior y establece que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, ya sean estatales o reconocidos oficialmente por el Estado, recibirán financiamiento si cumplen los requisitos que indica la ley.
La iniciativa también establece la regulación de aranceles y detalla los requisitos que deben cumplir las instituciones así como el mecanismo mediante el que se determinarán los aranceles.
Se establece el otorgamiento de la gratuidad desde el año 2018 para los estudiantes pertenecientes a hogares de los seis primeros deciles de menores ingresos (Ver nota ¿Qué son los deciles?). El número de beneficiados aumenta progresivamente de acuerdo al crecimiento económico del país.
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