El conflicto mapuche se ha agudizado en los últimos días con la detención de seis comuneros acusados de quemar camiones en la Araucanía y Los Ríos, a lo que se suma la huelga de hambre de cuatro activistas que enfrentan a la justicia por el incendio de una Iglesia Evangélica en Padre Las Casas.
Para conocer de mejor forma las distintas posiciones de esta problemática, El Informante contó con un debate en el que participaron Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras; y Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía.
Posteriormente en el programa se abordó la polémica que protagonizó la candidata presidencial del Frente Amplio (FA) Beatriz Sánchez, quien se negó a asistir a un programa de televisión que tiene como panelista a Sergio Melnick. Para conversar sobre esta tensión que vive la postulante a La Moneda, el abogado Hermógenes Pérez de Arce y el periodista Mirko Macari discutieron sobre el tema.
Escala conflicto en la Araucanía
Para comenzar con el conflicto mapuche, Aucán Huilcamán comenzó explicando que "no hay diálogo en la Araucanía por distintas razones y porque no existen instituciones que permitan generar diálogo. No hay voluntad política de la autoridad central. Y aquellos mecanismos que dispone el Estado han sido prácticamente diluidos y limitados en su aplicación. Me refiero a la vigencia del convenio 169 que establece que se debiera nominar una autoridad al más alto nivel".
"Ese instrumento de derecho jurídico internacional existe pero no hay con quién dialogar. En definitiva, los derechos que ahí están establecidos no tienen un cauce institucional, por lo que no hay manera de generar un diálogo sobre los derechos que el propio Estado ha ratificado internamente relativos al pueblo indígena y a los mapuches en particular", añadió.
Luciano Rivas expresó al respecto que "nosotros hemos visto esfuerzos importantes por el diálogo a nivel regional. No olvidemos que la Presidenta Michelle Bachelet hizo una mesa de diálogo que fue coordinada por el obispo de Temuco, y en la cual participaron diferentes ámbitos de la escala civil de la región: empresarios, comunidades indígenas, las propias iglesias... yo creo que sí se ha buscado el diálogo. Lo que pasa es que también ha sido complejo encontrar muchas veces con quién dialogar".
"En ese sentido, yo creo que estamos al debe quizás como región. Ha sido complejo el diálogo incluso dentro de la mesa de negociación, pero por algo normal de contraponer cuestiones importantes. Lo que se logró elaborar de ahí, que vino a complementar el Plan Araucanía de la Presidenta Bachelet, que este grupo de personas elaboraron con la mejor fe", agregó.
"Del plan podemos tener algunas discrepancias en los temas. Nuestra preocupación central ha sido el tema de la violencia de lo que está ocurriendo en los últimos 10 años. Vemos una violencia en sectores de la región, que ha sido de alta intensidad y que se ha atacado incluso a iglesias. El tema de la violencia es central y hay temas que no se cotaron en eso por temas de consenso", destacó.
Luego, Huilcamán afirmó que "el Estado trata de omitir de manera sistemática su responsabilidad en las cuestiones fundamentales. El 80% de esas recomendaciones, que se derivan de la mesa asesora presidencial, ya están en distintas normas. Están en el convenio 169, en el informe Verdad y Nuevo Trato y en la Ley Indígena. Se evita, desde un punto de vista histórico, quiénes son las víctimas en la Araucanía.
"Parece más un texto que intenta falsear la historia de la Araucanía y el derecho del pueblo mapuche. El problema de fondo es que se toman decisiones con una mirada sesgada. Evidentemente que eso no es aceptable a esta altura del tiempo. Esa es la causa del conflicto y las controversias que se viven en la Araucanía",enfatizó.
"No se reconoce que ha habido hechos de violencia institucional proveniente del Estado. Me refiero al acto de la pacificación de la Araucanía, que fue un acto de genocidio por sus características. Paralelamente, se tomó, confiscó y ocupó el territorio mapuche y sus recursos, causas de las actuales tensiones y controversias. Eso, para mí, es un punto que se debe tratar para esclarecer los hechos. Recién entonces se podrán tomar medidas reparatorias e indemnizatorias a quien corresponda. Ahí podremos instaurar una paz firme y duradera", destacó.
Al respecto, Rivas aseveró que "no podemos llevar siempre la conversación a 200 años atrás. Ese es un tema en el que hemos caído y en lo que se justifica la violencia. (...) Tenemos una institucionalidad que probablemente no aborda los temas que realmente corresponden".
"La Corporación Nacional de Desarrollo Ingígena (Conadi) lo que menos hace es desarrollo. Seguimos teniendo comunidades a las cuales se les siguen entregando tierras pero que siguen igual de pobres. A nivel regional, la Conadi se ha transformado en una oganización que se dedica sólo a la compra de tierras. Y la institucionalidad de Ley Indígena todavía tiene un radio de acción infinito, nadie dice cuánto hay que comprar", agregó.
Consultado sobre quiénes podrían tener interés en quemar iglesias, Huilcamán sostuvo que "desconozco quién está detrás de esa situación. Los hechos suceden y se han investigado cada uno de los hechos en la región. Finalmente no se ha podido concluir y ligeramente se le atribuye responsabilidad a los mapuches, con mucha liviandad. El 80% de esos procesos judiciales no tenemos ningún tipo de participación".
"El Estado ha destinado recursos para la violencia en la Araucanía y se ha puesto una bolsa de dinero en la intendencia. Hay 3.500 millones de pesos para la violencia en la Araucanía. Eso es un incentivo", acotó.
"Con las quemas se nos ha estigmatizado colectivamente y, en definitiva, hay un daño casi irreparable con este tipo de prácticas. Personalmente he hablado con fiscales nacionales para pedirles que esclarezcan los hechos. He concurrido a fiscalía para decir 'esto no puede suceder, me huele a autoatentado, a cosa rara'. He planteado la necesidad de investigar", acotó
Luego, el werkén del Consejo de Todas las Tierras destacó que "la ley antiterrorista es ineficaz y excesiva con respecto al pueblo mapuche".
Sobre el tema, Rivas destacó que "se ha comprobado un autoatentado en la zona de Malleco, que fue denunciada por los mismos camioneros. Aquí nadie va a estar atentando contra sus propios camiones. Dar la liviandad diciendo que la gente se va a autoatacar con esto, me parece mal".
"Las quemas de camiones han sido programados. Hay planificación y se hacen con fines políticos", afirmó el presidente multigremial.
Huilcamán concluyó que "hay violencia rural y asuntos históricos que no se han resuelto. Ni por el gobierno anterior, ni por este".
Rol de los civiles en dictadura
Tras el veto de la candidata presidencial Beatriz Sánchez a Sergio Melnick, Macari expresó que "no podemos eludir ese debate y ha sido eludido hasta el minuto. Entiendo las razones políticas, pero creo que es el minuto de tener esa conversación".
Pérez de Arce explicó al respecto que "que una persona vete a otra para que no pueda dar su opinión en una tribuna pública es insólito. Están pasando cosas en Chile que son insólitas".
En cuanto a la dictadura, Macari sustuvo que "no hemos logrado asumir como país que lo que pasó en el régimen militar es una vergüenza para todos. La violación a los Derechos Humanos son un atentado a la humanidad, no son de izquierda ni de derecha", destacó.
Sobre cómo avanzar en la discusión, Pérez de Arce añadió que "se ha ocultado la verdad. La gente habla de miles de desaparecidos y nunca fueron miles. Y posteriormente se comprobó el destino de cada uno. En este momento, en rigor, no hay nadie que esté desaparecido. Se sabe el destino de todas las personas que murieron en esta conflagración a raíz del intento marxista de tomar el poder por las armas".
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