En un nuevo capítulo de El Informante, la hija de uno de los profesores degollados en dictadura, Javiera Parada, debatió sobre el eventual cierre del penal Punta Peuco con Solange Robert, quien es hija del piloto del helicóptero de la Caravana de la Muerte y representante de la Agrupación Hijos y Nietos Prisioneros del Pasado.
Más adelante, se discutió sobre el conflicto por la quema de camiones en la Araucanía junto al senador Alberto Espina; al diputado Gabriel Silber; y el presidente de ChileTransportes, Víctor Manuel Jorquera.
Punte Peuco: ¿cárcel de privilegiados?
En el espacio conducido por Juan Manuel Astorga, la hija de José Manuel Parada defendió la idea de cerrar el polémico recinto carcelario donde cumplen condena ex militares que participaron en crímenes cometidos durante el régimen de Augusto Pinochet, argumentando que dadas las condiciones de éste se trata de un lugar que "va en contra de uno de los principales principios del derecho, que es la igualdad ante la ley".
La militante de Revolución Democrática se explayó señalando que las personas que están hoy encerradas en este recinto "cometieron los crímenes más graves que la humanidad puede conocer. Estos crímenes fueron hechos contra la comunidad de Chile. Estos crímenes son imprescriptibles, por lo tanto no son amnistiables".
Por su parte, Robert explicó que la entidad que dirige se dedica a realizar un trabajo "netamente humanitario", en función de la avanzada edad que ostenta casi la totalidad de los sujetos que cumplen condena. A juicio de la organización, no existe ningún motivo técnico ni social que justifique el encarcelamiento de personas que sufren diversas y graves complicaciones físicas.
Además, Robert esgrime que en vez de cerrar Punta Peuco, lo que corresponde es elevar el estándar de las demás cárceles de Chile: "Punta Peuco es una cárcel como cualquier otra, ojalá todas las cárceles sean como Punta Peuco". De hecho, la hija de Emilio Robert recordó que "fue el Gobierno de la Nueva Mayoría el que mandó a crear Punta Peuco, no tenemos ningún tipo de privilegio (...) Según las agrupaciones de Derechos Humanos, cumple con los estándares mínimos que debe tener una cárcel".
Este planteamiento fue rebatido por Parada, ya que a su juicio "no tiene ninguna lógica que ese penal esté para las personas que cometieron crímenes horribles. No deben gozar de privilegios cuando cometieron los crímenes más horribles". Si bien la ex candidata a diputada sostiene que "es legítimo" que alguien quiera oponerse al cierre del recinto ya que forma parte del debido proceso, no se debe olvidar que "estas personas le quitaron el debido proceso a miles de personas en Chile (...) es importante que no perdamos el foco del tipo de criminales del que estamos hablando".
A su vez, Robert hizo hincapié en otro aspecto relevante que es la reinserción social de los encarcelados: "Nuestra sociedad tiene que trabajar y velar por los derechos humanos. Si bien la justicia debe investigar y castigar, también busca reinsertar a la gente y eso no se está haciendo con nuestros familiares". En ese marco, recalcó que "en las sentencias de nuestros familiares", en ninguna parte aparece que cometieron "delitos de lesa humanidad".
Robert también defendió a los ex uniformados encarcelados asegurando que "la gente que dio las órdenes en esa época están muertos. Los que hoy están recluidos eran jóvenes en ese tiempo (...) los jóvenes que en ese minuto tenían entre 17 y 18 años, el Estado de Chile los obligó a hacer el servicio militar. No tenían nada que ver, y Chile los obligó a hacer el servicio militar. Hoy están cumpliendo una pena con una responsabilidad que no les corresponde".
Desde la otra vereda, Parada trajo a colación el ejemplo de una iniciativa que se lleva a cabo en Argentina, país que también registra en su historia reciente el paso de una dictadura militar: "En Argentina se creó una agrupación de hijos y nietos de violadores de derechos humanos, y están pidiendo a sus familiares que rompan los pactos de silencio. Ellos se han dedicado a ese trabajo y haciendo campaña. Es una lección de humanidad".
Frente a la pregunta sobre cuál ha sido la situación más difícil que le ha tocado enfrentar en su vida por ser "hija de", Robert apuntó que sin duda lo más complejo es "ser estigmatizada, en el colegio sufría bullying. Tenía a todos mis compañeros gritándome "asesina", sostuvo, añadiendo que su hijo tuvo que enfrentar la misma situación en su etapa escolar.
En tanto, frente a la misma interrogante Parada sostuvo que lo más complicado ha sido convivir con gente que aún no sabe qué ocurrió con sus familiares: "convivir en un país donde existen los pactos de silencio es lo más duro, y que esto haya ocurrido con la complicidad de los medios de comunicación es muy doloroso".
Antes de finalizar, Parada afirmó que a su parecer "la Presidenta Bachelet va a cumplir con su promesa y avanzaremos con igualdad de derechos". En el caso de Robert, manifestó que junto a su agrupación "haremos todos los análisis necesarios. Si hay que cerrar Punta Peuco, se tiene que cerrar. Lo único que pedimos es no tener a nuestros familiares de cuarta edad con esta incertidumbre".
El ultimátum de los camioneros
Sobre el conflicto que se vive en la región de la Araucanía, luego de la quema de camiones y que el gremio de camioneros exigiera pronta respuesta sobre su seguridad al Gobierno o iniciarían una movilización, el presidente de Chiletransportes expresó que "en lo que va del año se han quemado 89 camiones (...) Detrás de cada conductor hay una familia, hay conductores que no pueden dormir, no descansan... no nos ayuda como país".
"No culpamos a ningún gobierno, queremos trabajar tranquilos, que no quemen más camiones", agregó.
El senador Espina señaló que "la ley antiterrorista de nuestro país es dictada íntegramente en democracia (...) No hay ninguna razón que justifique que frente a hechos de gravedad, como los de la Araucanía, que no tienen propósito de cometer un delito común, sino que intimidar o amedrentar a un sector de la población, debiera invocarse sin lugar a dudas".
"Desde hace muchos años ha existido la idea de que invocar la ley antiterrorista es, de alguna forma, exacerbar la represión, lo que es una visión profundamente equivocada. Las comunidades mapuches son pacíficas. No los confundamos con grupos terroristas, como la CAM o la WAM", agregó.
Al respecto, el diputado Silber afirmó que "tenemos un tema persecutorio del punto de vista policial e investigativo que no está dando resultado. Tenemos cerca de 1.200 o 1.500 carabineros con dedicación prácticamente exclusiva al tema de la Araucanía y resguardo de algunas personas que están con protección".
"Se ven las medidas que se tomaron, pero uno suma y sigue y no estamos viendo los resultados sustantivos. Tal vez tenemos que pedir explicaciones a nuestros servicios de inteligencia", destacó luego.
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