El dueño de la empresa de cálculo estructural, Arcosent,Ricardo Aránguiz, y el funcionario del Serviu Óscar Castro fueron declarados "culpables del delito de homicidio culposo" por el Tribunal Oral en lo Penal de Talca, por el derrumbe que afectó al conjunto habitacional Cerro O'Higgins de Constitución, durante el terremoto del 27 de febrero de 2010 y que terminó con la vida de ocho de sus habitantes.
Otros seis constructores civiles pertenecientes a la empresa que construyó las viviendas sociales, al departamento de obras de la Municipalidad de Constitución y al Serviu, fueron absueltos por mismo tribunal.
El fallo consideró que "la falta de cuidado en la elaboración de planos estructurales, incumpliendo la norma sísmica vigente a la fecha de su confección, cuya finalidad última es salvaguardar la vida humana, fue asumida directamente por el acusado Aránguiz Gallardo al validar con su firma tales proyectos, conforme al normal ejercicio de su profesión…".
Producto del mega sismo, el primer piso de los blocks 765 y 775 colapsaron y quedaron reducidos a dos niveles, lo que provocó el fallecimiento de cuatro adultos y dos niños. Los familiares de las víctimas se manifestaron que no quedaron conformes con la determinación de la justicia ya que no todos los imputados resultaron condenados.
Los jueces decretaron que el colapso del edificio "se debió al incumplimiento de la normativa sobre diseño sísmico de edificios, por cuanto en las notas generales del plano de la estructura y el cálculo sísmico se hizo utilizando un coeficiente sísmico igual a 015, que no corresponde al tipo de suelo del terreno ni a la zona sísmica de emplazamiento, en consecuencia, el coeficiente empleado fue significativamente inferior al requerido por la norma lo que incidió en un cálculo estructural errado que no satisfacía la resistencia requerida ".
El tribunal fue integrado por los magistrados María Isabel González Rodríguez (presidenta), Jeannette Valdés Suazo e Iván Villarroel Castrillón.