Fueron las sospechas de irregularidades en los trabajos de limpieza tras el desborde del Río de las Minas los que gatillaron la investigación que arrancó en el 2012. Los ojos se centraron en la empresa Rayen SA, durante la emergencia los privados firmaron 15 convenios con el Gobierno Regional por un monto de 964 millones de pesos. Presuntas irregularidades con parte de los dineros provocaron la formalización de 6 personas. Los delitos: malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
Este lunes se realizó una audiencia donde la fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicios de Impuestos Internos solicitaron ampliar el plazo de investigación que venció el 14 de abril. Todo a la luz de los nuevos antecedentes. El Servicio de Impuestos Internos presentó la semana pasada una querella por delitos tributarios.
Habría un perjuicio de 19 millones de pesos por concepto de IVA, a esto se sumaría el perjuicio por impuesto a la renta, monto que debe ser calculado por el Ministerio Público. También se mencionó una factura por más de 100 millones de pesos.
Y son estas las diligencias que gatillaron la solicitud de la fiscalía de ampliar el plazo de investigación. El tribunal resolvió extenderlo por otros seis meses.
Nuevas citaciones a declarar, peritajes tributarios, algunas de las diligencias que realizará el Ministerio Público, esta vez con el Servicio de Impuestos Internos que agregó tras su querella una nueva arista a este caso.