Según el noveno Estudio Anual sobre Piratería de Software, realizado por International Data Corporation (IDC), nuestro país dejó de percibir 382 millones de dólares en 2011.
Chile encabeza el listado de países de la OCDE como el mayor productor de piratería de software registrando un 61%, el resto promedia un 35%. A pesar de todo, es la cifra más baja de nuestro país en la última década.
Según el abogado y representante en Chile de Business Software Alliance, Rodrigo Bulnes, "las pérdidas por piratería de software siguen siendo muy elevadas, pero estamos progresando. Chile lleva 4 años consecutivos descendiendo el porcentaje de copias ilegales de software. Ojalá pudiéramos avanzar más rápido, pero al menos vamos en la dirección correcta".
Bulnes explica que el país necesita mecanismos más eficientes para frenar la difusión ilegal de contenidos piratas a través de Internet. El experto comentó que las políticas que se utilizan actualmente ya no sirven.
Estas son las recomendaciones que estregó la BSA para combatir la reproducción de piratería:
• Aumentar la educación pública y aumentar la conciencia sobre la piratería de software y derechos de propiedad intelectual en cooperación con la industria y la aplicación de la ley.
• Modernizar las protecciones para software y otros materiales con derechos de autor para mantener el ritmo con las innovaciones tales como cloud computing y la proliferación de dispositivos móviles conectados en red.
• Fortalecer la aplicación de las leyes IP con recursos dedicados, incluyendo unidades de ejecución especializadas, capacitación para la aplicación de la ley y funcionarios del poder judicial, mejora de la cooperación transfronteriza entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el cumplimiento de las obligaciones en virtud del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC).
• Predicar con ejemplo utilizando sólo software con licencia total, implementando programas de gestión de activos de software (SAM, por sus siglas en inglés) y promoviendo el uso de software legal en las empresas estatales y entre todos los proveedores y contratistas.