Una contribuyente logró dejar en $0 una deuda tributaria que superaba los $122 millones, luego de que la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) consiguiera que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dejara sin efecto una liquidación emitida tras un proceso de fiscalización.
El caso se inició a raíz de una revisión por “justificación de inversiones” correspondiente al Año Tributario 2021. En noviembre de 2022, el SII emitió una citación y, al no existir una respuesta dentro del plazo establecido, en abril de 2023 determinó una liquidación por un impuesto de $122.149.377.
La contribuyente había sostenido previamente ante el organismo fiscalizador que los recursos cuestionados tenían un origen acreditable. Según su defensa, los fondos correspondían a un anticipo entregado por un cliente del rubro, depositado en una cuenta en dólares y posteriormente utilizado en distintas operaciones comerciales. Para respaldar esta explicación se presentaron facturas, órdenes de compra y otros antecedentes financieros, aunque estos argumentos no lograron revertir inicialmente la determinación del SII.
La situación se agravó en octubre de 2024, cuando la Tesorería General de la República realizó un embargo por $111.399.178 desde una cuenta bancaria de la contribuyente. De acuerdo con su versión, esos recursos correspondían a anticipos de producción, lo que provocó dificultades para mantener sus operaciones, obligándola a buscar financiamiento externo y enfrentando un fuerte impacto económico.
En julio de 2025, la contribuyente recurrió a la Dedecon para solicitar apoyo frente al complejo escenario administrativo y de cobranza. Tras revisar los antecedentes, la institución detectó errores en la liquidación, entre ellos la aplicación de impuestos que no correspondían y fundamentos de hecho que no se ajustaban a la documentación disponible.
Con estos antecedentes, la Defensoría presentó una nueva solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) ante el SII, solicitando anular la liquidación y el giro asociado. El 6 de noviembre de 2025, el organismo acogió la presentación y resolvió “Ha Lugar”, dejando sin efecto los actos administrativos cuestionados.
Como resultado de esta resolución, también se eliminó el saldo pendiente de $53.061.377 que aún permanecía vigente tras gestiones anteriores, quedando finalmente la deuda tributaria de la contribuyente en cero, incluyendo impuestos, reajustes, intereses y multas.
El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, destacó la importancia del caso como ejemplo del rol que cumple la institución en la defensa de los derechos tributarios. “Este es uno de los tantos casos que vemos en la Defensoría del Contribuyente. Detrás de cada uno de estos problemas, hay personas que necesitan respuestas y soluciones ante una interpretación fiscal que los afecta”, señaló.
Pizarro agregó que la labor de la Dedecon busca que los contribuyentes puedan enfrentar estos procesos en igualdad de condiciones. “Aquí no se trata de que el contribuyente no pague, sino que pague lo que es justo”, afirmó.
