En el marco del ingreso de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), respecto a la medida que busca sistematizar y penalizar los delitos económicos y ambientales, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) respaldó el "téngase presente" y planteó que la iniciativa "podría tener impacto en actividad empresarial".
Fue mediante una declaración pública que condenaron "todas las malas prácticas empresariales, constituyan o no delitos, y consideramos necesario que las conductas delictivas más graves puedan concluir en cárcel efectiva para sus perpetradores".
"Creemos en la libre competencia, en el correcto funcionamiento del mercado de capitales, en la responsabilidad de las empresas con el medio ambiente, con la seguridad de sus trabajadores y las comunidades", agregaron, planteando, sin embargo, que la ley aprobada por el Congreso "podría tener impactos significativos en la actividad empresarial".
Entre estos impactos, según manifestaron, se encuentra el establecimiento de "un estándar jurídico distinto para un grupo de personas de la sociedad (directivos y gerentes de empresas) respecto del resto de los ciudadanos del país, no respetándose así el principio de igualdad ante la ley".
A lo anterior agregaron que esta moción, en particular, "agrega un grupo de figuras delictivas difusas. Entre ellas, la adopción de acuerdos abusivos en el directorio y la entrega de información falsa, sumados a la ya existente administración desleal, entre otros. La falta de precisión y exactitud en la definición de estas nuevas figuras delictivas genera un ámbito de ambigüedad amplio en la interpretación de la frontera entre el error, la inobservancia y el delito".
Además, puntualizaron que "será difícil de probar por parte de los persecutores y también complejizará la defensa por parte de los acusados, abriendo un amplio espacio de discrecionalidad en la calificación de una conducta".
"La subjetividad descrita se ve agravada por las altas penas de las que serán objeto dichos delitos, y la aplicación de beneficios respecto de los acusados, que, por ejercer cargos de alta responsabilidad en empresas, han sido privados totalmente de ellos", puntualizaron.
Por último, el gremio aseveró que repudian y condenan a todos quienes comentan delitos económicos. Sin embargo, recalcaron que "las leyes deben proveer un catálogo de delitos definidos de manera precisa y exhaustiva, donde la subjetividad y arbitrariedad tengan el menor espacio posible. Reiteramos que es fundamental aplicar toda la fuerza del marco legal a quienes cometen efectivamente delitos, siempre resguardando el debido proceso y la igualdad ante la ley".