El diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Investigadora en Caso Convenios, José Miguel Castro criticó la gestión de auditoría para la indagación y fiscalización en las transacciones directas a las corporaciones sin fines de lucro.
El parlamentario aseguró, tras el fin de la sesión de este jueves de la Comisión Investigadora de Asentamientos Precarios, que "nos encontramos con que se nos dijo por primera vez, que el Consejo no se había reunido y por lo tanto, la Auditora decide por sí misma no tomar las transferencias directas, o sea, las platas que se entregan directas, como algo que se debe fiscalizar".
En ese mismo sentido agregó: "Hay más de 970 auditores a nivel de gobierno distribuidos en las distintas destinaciones, en los distintos ministerios, 34 a nivel central, y la verdad es que yo no he visto absolutamente a nadie que asuma la responsabilidad de toda esta plata perdida".
"Son miles de millones de pesos que los va a pagar Moya, o sea, todos los chilenos, y eso es impresentable. Aparte de las consideraciones penales que se deben tener, también deben haber sumarios y debe haber gente que miró hacia el techo, que también sea suspendida de su cargo y tendrán que ver cuáles son las responsabilidades que tiene", agregó.
Finalmente cerró catalogando como "sumamente grave todo lo que estamos encontrando" y que "nosotros vamos a sacar la mugre debajo de la alfombra".