La Contraloría General de la República dictó 5 días de plazo para que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta entregue información sobre los convenios suscritos entre la entidad estatal y la Fundación Democracia Viva.
"A raíz de lo viralizado en redes sociales y denuncias ingresadas a esta entidad de control, se ordena que en un plazo de 5 días hábiles la Minvu Antofa remita la información de todas las transferencias realizadas a fundaciones", señaló el ente fiscalizador a través de redes sociales.
El pronunciamiento de Contraloría coincide con las solicitud realizada por la bancada de diputados de Renovación Nacional, cuyos parlamentarios pidieron investigar los $426 millones que fueron entregados por la seremi a la Fundación Democracia Viva; y también indagar las responsabilidades del exseremi Carlos Contreras y de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD).
En esa línea, a través de un comunicado, el Ministerio de Vivienda informó que la "subsecretaria Rojas solicitó tomar medidas correctivas al proceso y solicitó una investigación a la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como también una revisión exhaustiva de todos los antecedentes del caso, las cuales estaban en proceso cuando esto se dio a conocer ante la opinión pública el pasado jueves 15 de junio".
"La Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, como parte de las responsabilidades que le corresponden en tanto jefa de servicio, ha tomado las acciones correspondientes para esclarecer los hechos y responsabilidades sobre lo ocurrido en la región de Antofagasta", continúa la declaración.
Finalmente, el Minvu aseguró "estar a disposición del Ministerio público para todos los antecedentes que se requieran en la investigación".
La polémica de este caso radica, principalmente, en que la ONG está ligada a Daniel Andrade, pareja de la diiputada Catalina Pérez (RD).