La Corte Suprema se refirió a las acusaciones, publicadas por Ciper, de que el abogado Luis Hermosilla habría influenciado el nombramiento de jueces y ministros del máximo tribunal, asegurando que la institución "se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura".
Según informó mediante una declaración Jorge Sáez, secretario del tribunal, "la Constitución Política de la República contempla la participación de los tres poderes del Estado en el nombramiento de los ministros y ministras de la Corte Suprema, correspondiendo al Poder Judicial la elaboración de una quina, al Ejecutivo efectuar una propuesta y al Senado su ratificación".
"En el caso de los demás miembros del escalafón primario, el Poder Judicial elabora una terna y compete al Ejecutivo el respectivo nombramiento", añadió.
Asimismo, Sáez remarcó que, "sin perjuicio de lo anterior, conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros, entre las cuales se han afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las postulantes, y, en especial, la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones".
"El Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas", subrayó.
Igualmente, el representante enfatizó que "la Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, como lo hizo presente al informar el Proyecto de Ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, y ha instado por cambios en el sistema, en los procesos constituyentes recientes, particularmente, en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial, conforme a los acuerdos adoptados en diferentes jornadas de trabajo".
"Por último, el Poder Judicial continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente, con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia", sentenció.