Hace algunos meses Antofagasta se convirtió en el epicentro de los cuestionamientos a millonarios convenios firmados entre el Estado y fundaciones privadas. En el centro de la discusión surgieron las dudas sobre posibles conflictos de interés, tráfico de influencias y eventuales "proyectos fantasmas". Y al medio de todo, una fundación cuyos lazos políticos y movimientos comenzarían a conocerse en detalle: Democracia Viva.
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Un verdadero terremoto político que ahora arroja las primeras luces respecto a cómo se gestó, quiénes participaron y cuánto dinero estuvo involucrado. Una trama a la que el propio contralor, Jorge Bermúdez, calificó como "el virus de la corrupción".
24 Horas tuvo acceso al informe de la investigación iniciada por Contraloría respecto al, ahora, conocido Caso Democracia Viva.
¿El objetivo del informe? "Realizar una auditoría a los trapasos de fondos efectuados por la Seremi Minvu de Antofagasta a entidades privadas (...) verificiar si Seremi Minvu y Serviu establecieron procedimientos para llevar a cabo el proceso de selección de las entidades privadas sin fines de lucro (...) Constatar que establecieron procedimientos de control para cautelar el buen uso de los recursos públicos transferidos a entidades privadas sin fines de lucro".
Aquí, en exclusiva, los puntos más importantes del Informe de Contraloría que revela el detalle de las irregularidades del llamado Caso Democracia Viva.
Caso Democracia Viva: los hallazgos de Contraloría
Contraloría detectó que el 12 de Julio del año pasado Carlos Contreras, Seremi de Vivienda de la época, fue quien pidió enviar un correo de invitación a dos fundaciones para evaluar su incorporación como organizaciones colaboradoras, entre ellas, Democracia Viva. Y el contacto sería hecho con Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Una asignación directa que fue cuestionada por Contraloría.
Carlos Contreras asegura que no existieron irregularidades, pero el informe de Contraloría no evidencia lo mismo: "Vulneró el principio de probidad (...) lo que le restaría imparcialidad", agregando que "le asistía el deber de abstenerse" del proceso relacionado a la entidad privada.
La ex autoridad debió informar su vínculo y militancia política común con el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade.
Ambos, son ahora ex miembros de Revolución Democrática, ambos están vinculados a la diputada Catalina Pérez: Carlos Contreras, fue su exjefe de gabinete, y Daniel Andrade, expareja de la parlamentaria.
El informe de Contraloría, por ejemplo, constata "la inexistencia de un procedimiento formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios", además, habla de una falta de llamados públicos a participar en esas adjudicaciones.
24 Horas pudo conversar hace algunas semanas con Carlos Contreras, exSeremi: "El procedimiento de búsqueda con las organizaciones fue el mismo para todas, no hubo un trato particular, todas hablaron con las autoridades, todos los directivos fueron contactados desde Seremi, desde Serviu, desde jefatura", aseguraba.
Sin embargo, el informe de Contraloría enfatiza en que los tres convenios asignados a Democracia Viva de parte de Seremi Minvu y Serviu, por un total de $426 millones, no mencionan "los fundamentos que justifiquen la designación de los proyectos a dicha entidad, además que no se aportaron otros antecedentes que acrediten tal motivación de tal elección, considerando la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que esta debía ejecutar".
Democracia viva y la historia de las adjudicaciones con la Seremi
La Seremi de Vivienda determinó que Democracia Viva se adjudicaría dos de los mencionados convenios -por $370 millones - a ejecutar en: EcuaChilePe e Irarrázaval Etapa I.
Los dos sectores son parte del Macrocampamento Balmaceda en Antofagasta donde la fundación debía trabajar instalando luminarias solares, soluciones para amenazas de incendios, mejora de espacios comunitarios, estanques de agua, entre otros.
Se cuestiona que los convenios se firmaran por separado cuando sus características eran iguales. División "sin que se advierta el motivo", dijo Contraloría, donde incluso, tres personas contratadas por Democracia Viva trabajaban en ambos proyectos.
Según, vecinos entrevistados por 24 Horas, algunas de esas obras no fueron finalizadas.
Las obras fueron adjudicadas antes que la Fundación Democracia Viva ampliara su giro a construcción en el Servicio de Impuestos Internos. Cambio que recién hicieron en noviembre del 2022, es decir, tres meses después de obtener los proyectos.
El llamado de atención al Nivel Central: Minvu
"El caso de Democracia Viva concuerdo que es inaceptable, una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia (...) creo que eso no puede seguir pasando", decía el Presidente Gabriel Boric cuando se comenzaban a conocer los primeros antecedentes.
En ese punto la Contraloría también considera que las obras adjudicadas a Democracia Viva no concuerdan con el objetivo de la fundación. Que estos convenios se firmaron sin fundamentos de selección, sin el detalle técnico y sin planes de trabajo, lo que también ocurrió con otras fundaciones.
Más aún, también se consigna que en el proceso de asignación de iniciativas en el Serviu Antofagasta, la "Ficha de inversiones" que contempla la información del destinatario de los recursos, si bien "describen el proyecto (...) en ellas las actividades a realizar son de carácter genérico, sin ningún tipo de detalle técnico, mostrando solo costos globales". Tampoco se detallan las acciones de las obras ni sus especificaciones técnicas.
Todos elementos que, dice Contraloría, "son aprobadas por el Nivel Central".
En el caso particular de Democracia Viva, no hubo antecedentes para asociar los fondos transferidos, el detalles de las prestaciones a realizar, especificaciones técnicas, tiempos de ejecución, ni costos involucrados que permitan una eventual correcta rendición de cuentas.
En general, en contratos con otras fundaciones, la Contraloría detecta que tampoco se les solicitaba, al momento de suscribir convenios de transferencias de recursos, "planes de trabajo" que detallen las acciones a ejecutar.
En ese contexto, se le solicita a la Seremi, Serviu y al Nivel Central del Ministerio de Vivienda que establezcan las medidas que permitan exigir que los planes de trabajo sean presentados por las fundaciones como un "antecedente necesario" para participar en concursos.
Democracia Viva: las garantías que no se pidieron
¿Qué pasó con las garantías de estos contratos? No se contemplaban por parte de la Seremi y el Serviu de Antofagasta, otra irregularidad, según la Contraloría.
"En ninguno de ellos, ahora como en el pasado, se exigieron boletas de garantías, eso desde el punto de vista de la buena gestión de los fondos públicos, aunque no sea una exigencia normativa, el Gobierno considera que es un error", aseveraba el ministro de Justicia, Luis Cordero.
La rendición de cuentas de las organizaciones también arrojó profundas debilidades: se hacía en planillas Excel que podían ser modificadas, sin un sistema de rendiciones.
"No mantienen mecanismos de control que permitan resguardar la integridad y confiabilidad de sus registros, no permitiendo asegurar su calidad", esgrimió Contraloría.
La auditoría a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta también detectó que 15 personas -contratadas por diversas fundaciones- realizaban labores en las oficinas del Minvu.
o de la Seremi de Antofagasta (Fuente: Contraloría)
Entre ellas, estaba Cynthia Cisternas, contratada por la Fundación Democracia Viva para ser analista de gestión financiera, pero que también se desempeñaba en dependencias de la Seremi de Antofagasta donde realizaba labores de revisión de las rendiciones realizadas por la propia Democracia Viva.
"Cumplían irregularmente funciones propias de las reparticiones mencionadas (...) lo cual incide en un eventual manejo de información privilegiada", determinó Contraloría.
Cuando aparecían los primeros datos sobre el escándalo de Democracia Viva, el ministro de Vivienda Carlos Montes aseguraba que eran "6 personas, no más que eso, los datos que tenemos (hasta ese momento), el día de mañana pueden aparecer otros datos y esas personas fueron contratadas por fundaciones y cumplían funciones de apoyo en Seremi o Serviu".
Democracia Viva y su negativa a devolver los dineros adjudicados
Una de las últimas polémicas de la Fundación Democracia Viva fue la presentación de un recurso para no reponer $391 millones de que la Seremi de Vivienda de Antofagasta le había solicitado tras conocido el escándalo.
La respuesta de la fundación ocurrió tras el término de los tres convenios que ordenó la Seremi de Antofagasta.
Término que la Contraloría consideró se hizo sin que se adoptaran las medidas en el tiempo correcto por los incumplimientos encontrados, a juicio del ente fiscalizador, se podría haber pedido el incumplimiento total del convenio y, por ende, la restitución total de los recursos que, actualmente, el Minvu busca por la vía judicial.
"La falta de acreditación y fundamento de la asignación directa; la generalidad y falta de especificidad de sus actividades; la ausencia del plan de trabajo general; que un alto porcentaje del presupuesto fue destinado a gastos operacionales y recursos humanos en desmedro del cumplimiento de los objetivos de las convenciones; la ausencia de hitos de control sobre la ejecución; la imposibilidad de asociar los eventuales gastos a dichas generalidades, entre otras debilidades, se podrían haber ponderado en el incumplimiento total del convenio y , por ende, la restitución total de los recursos transferidos", explicó el órgano contralor.
El Consejo de Defensa del Estado busca que haya una respuesta de los involucrados o de la fundación misma, el propio CDE ya ha planteado que hay hechos "de fraude" y que tienen que "restituirse los dineros", explicó también el ministro Montes.
La Contraloría General de la República iniciará un sumario a la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta tras esta auditoría para determinar si existieron responsabilidades administrativas en el Caso.
Antecedentes que también enviará al Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público que investiga desde junio a Democracia Viva al igual que lo hizo la Contraloría. Un informe que, por primera vez, revela la forma en la que Democracia Viva, su representante y el ex seremi firmaron los polémicos convenios.
Democracia Viva: el informe completo de Contraloría