El Caso Convenios continúa creciendo y ahora son 10 fundaciones y ocho regiones las que se encuentran en la mira por presuntos traspasos irregulares de fondos públicos.
Este domingo recién pasado se conoció una nueva arista. El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) presentó un oficio para fiscalizar los millonarios contratos suscritos entre la Seremi de Vivienda de La Araucanía y la Fundación Urbanismo Social.
En detalle, el parlamentario solicitó indagar el traspaso de más de $120 millones entre ambas entidades. ¿La razón? "La Fundación está siendo cuestionada en una serie de regiones", explicó el legislador.
Los argumentos de Jouannet se basan en que, el pasado 4 de julio, la Fiscalía regional del Biobío anunció la apertura de una investigación de oficio en contra de la Fundación Urbanismo Social y la ONG Red Cultivarte, lo cual concluyó con la renuncia del ahora exseremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández.
De igual forma, el pasado 6 de julio, el Ministerio Público inició las indagatorias sobre un convenio suscrito entre el Gobierno Regional de La Araucanía y la Fundación Local. En concreto, se busca establecer si hubo irregularidades en la transferencia de $2.113 millones a la ONG, para el desarrollo de un proyecto de reciclaje en la comuna de Padre Las Casas, pese a no contar con la experiencia en el área.
Esa misma jornada, la Fiscalía de O'Higgins inició una investigación de oficio por los convenios firmados entre la Fundación Arquiduc y el Ministerio de Vivienda. Se trata de dos contratos por 56 millones y 65 millones de pesos que se adjudicaron, durante el gobierno de Sebastián Piñera, con el fin de realizar la instalación de luminaria pública. Sin embargo, la ONG no contaba con el giro para realizar dicha función.
El Gobierno Regional de Los Lagos también fue involucrado en el Caso Convenios. Según una investigación de Meganoticias, la entidad transfirió más de $4.000 millones a tres fundaciones, en el marco de la implementación de programas de desarrollo local.
No obstante, una de las entidades que recibió fondos públicos, la Fundación Chinquihue -organización privada sin fines de lucro- es presidida por el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín. Cerca de $1.620 millones fueron traspasados a esta ONG para programas relacionados con la pesca artesanal.
El origen del Caso Convenios
Fue el pasado 16 de junio, cuando el medio local de Antofagasta "Timeline" reveló información sobre los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de la misma región y la fundación liderada por Daniel Andrade, exmilitante de Revolución Democrática y expareja de la diputada Catalina Pérez.
De ahí en adelante, además de conocerse nuevas aristas del caso mismo, fueron destapados otros convenios que constituyeron en el traspaso de fondos entre el Estado y ciertas ONG's, los cuales también podrían contar con ciertas irregularidades y han involucrado a las autoridades de Gobierno y funcionarios del sector público de otras regiones.
Fue en ese contexto que, el pasado viernes, la Fiscalía de Aysén confirmó una nueva investigación por traspasos de recursos desde el Gobierno Regional y la Universidad Estatal de Aysén a las fundaciones Democracia Viva y ProCultura, respectivamente.
Asimismo, la Fiscalía de Arica y Parinacota anunció una investigación en contra del Gobierno Regional por el traspaso de $2.500 recursos a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones. Respecto a las indagatorias, Jorge Díaz negó tajantemente la existencia de "cualquier irregularidad" en este caso.
Finalmente, en la región de Atacama, dos fundaciones están en la mira por el traspaso de fondos públicos. Se trata de Visible y Comprometidos.
En el caso de la primera, y tras la denuncia realizada por la senadora Yasna Provoste, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, confirmó la apertura de una investigación por el traspaso de $160 millones desde la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Atacama a la Fundación Visible, en medio de un programa para proporcionar albergue en Copiapó.
Respecto a Comprometidos, el Ministerio Público inició una investigación por un convenio suscrito que implicó el traspaso de $128 millones por parte de la Seremi de Vivienda de la región de Atacama y la ONG.
A raíz de todos estos hechos, la Contraloría General de la República anunció una auditoría nacional para fiscalizar todas las transferencias hechas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a fundaciones en el marco del Caso Convenios.