En horas de la tarde de este martes, Convergencia Social cuestionó la adjudicación de tres convenios -de casi $426 millones- firmados por la Seremi de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática).
Por medio de un comunicado, la bancada señaló que "a diferencia de otras fuerzas políticas que justifican actuaciones ilegales, sancionadas, algunas de ellas reiteradas e íntimamente relacionadas con sus propios partidos, para nosotras y nosotros el apego a la ley es lo mínimo a cumplir, y la conformidad de un acto con la normativa vigente no implica por sí sola un comportamiento adecuado para quienes cumplen funciones públicas".
Agregaron que, "consideramos que el convenio en cuestión constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse hasta el último detalle de las circunstancias que llevaron a que se suscribiera".
Asimismo, establecieron que "es necesario que se hagan valer las responsabilidades respectivas, tanto en la justicia ordinaria como en las instancias disciplinarias internas, a la vez que se aseguren condiciones para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más".
Por lo tanto, expresaron que "presentamos nuestra conformidad con la decisión de la diputada Pérez de suspender su participación en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados para que este conflicto no siguiera enturbiando las relaciones políticas en el Congreso Nacional y sirviendo de excusa a la oposición política para obstruir acuerdos en beneficio de la ciudadanía".
Convergencia Social cuestiona la adjudicación de convenios por $426 millones de la Fundación Democracia Viva en Antofagasta: "Constituye un grave error político que daña nuestro compromiso ético y debe esclarecerse hasta el último detalle de las circunstancias".@24HorasTVN pic.twitter.com/0hsEdLGJFg
— Poirot Escovedo (@poirotes) June 20, 2023