La diputada Paz Charpentier (REP) solicitó al Gobierno otorgar suma urgencia al proyecto de ley que establece la obligación legal de las autoridades universitarias de resguardar la seguridad al interior de los campus. La petición surge tras las agresiones sufridas por estudiantes del Movimiento Gremial y Solidaridad de la Universidad Católica durante la última marcha Confech.
La iniciativa busca que los rectores y directivos estén obligados a solicitar el auxilio de Carabineros ante situaciones de riesgo inminente. El texto considera también precedentes de violencia en planteles de educación superior, como el ataque a la ministra Lincolao en la Universidad Austral y la agresión a la diputada Javiera Rodríguez en la UC.
Respecto a las responsabilidades directivas, la propuesta establece que las autoridades que omitan activar los protocolos de protección enfrentarán las sanciones de la Ley N° 21.091. Esto incluye la inhabilidad para ejercer cargos directivos o integrar instituciones de educación superior.
“Este proyecto consagra una obligación mínima. No se le exige al directivo que resuelva por sí mismo la situación de riesgo, pero sí que active oportunamente los mecanismos institucionales de protección”, indicó la diputada Paz Charpentier.
En forma paralela, el proyecto tipifica sanciones directas para alumnos, académicos o funcionarios que participen como autores o cómplices de agresiones físicas, actos de intimidación o interrupciones graves de las actividades académicas.
"Solicitamos urgencia a esta iniciativa y que se legisle pensando en la seguridad de los estudiantes", finalizó la parlamentaria oficialista.
