En medio de la polémica desatada por el caso Democracia Viva que involucra a militantes de Revolución Democrática, entre ellos a la diputada Catalina Pérez, el diputado republicano, Mauricio Ojeda, presentó un proyecto de reforma constitucional para que los funcionarios públicos que incurran en delitos de corrupción pierdan la ciudadanía.
El parlamentario indicó que "es realmente indignante que persona se atrevan a robar el dinero de todos los chilenos", por lo que impulsó esta iniciativa que en resumidas cuentas busca que los funcionarios públicos hallados culpables en casos de corrupción no puedan ejercer su derecho a voto ni desempeñarse en la administración pública a perpetuidad.
En ese sentido, el documento ingresado por el legislador propone adicionar al numeral 3° del artículo 17 de la Constitución -que quita la ciudadanía- los delitos cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
DEMOCRACIA VIVA: CONTRA QUIÉNES SE QUERELLÓ RD
Revolución Democrática pidió que se investiguen a 12 personas, en el marco de las indagaciones por los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva por $426 millones.
Este martes, RD presentó una querella ante Fiscalía contra de quienes resulten responsables por posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y tráfico de influencias.
La acción judicial estableció que "de lo expuesto sobre los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta es preciso tener en consideración los siguientes elementos que configuran el riesgo delictivo: se realizan mediante trato directo, involucran altos montos de dinero, esos montos se los adjudicó una fundación de reciente constitución y sin experiencia previa en la materia y existe una relación de cercanía entre los firmantes del convenio".
En este sentido, la denuncia planteó que "algunas de las personas relacionadas de algún modo con la Fundación Democracia Viva, sea como directoras, encargadas de proyectos, superiores jerárquicos, en la administración pública o relacionadas con las anteriores, son afiliadas a Revolución Democrática: Carlos Contreras, Daniel Andrade, Catalina Pérez, y Paulina Cabrera; además de Cecilia Millán, Doris Pinto, Tomás Flores, Javiera Martínez Henríquez, Daniela Dresdner, Carolina Pérez, Tatiana Rojas, y Camila Hernando; todas quienes son objeto de investigación por los órganos internos de nuestro partido".
ALLANAMIENTO DE LA CASA DE LA DIPUTADA PÉREZ
Este martes también la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la casa de la diputada Catalina Pérez, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Acorde a lo detallado por La Tercera, detectives la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) llegaron hasta la calle Arcángel para materializar una orden de entrada y registro emanada desde el Juzgado de Garantía de Antofagasta, solicitada en el marco de las indagatorias que lidera el fiscal Christian Aguilar.
En el contexto de las labores para esclarecer el caso, policías de la Bridec llegaron hasta el inmueble donde Pérez y Andrade vivían cuando estaban juntos para recabar documentación o elementos. No obstante, ninguno de los dos estuvieron ahí cuando se llevó a cabo el operativo.