Con un amplio respaldo de 128 votos a favor, uno en contra y 12 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el articulado del proyecto de ley que fortalece las atribuciones de las policías en las zonas limítrofes del país.
La iniciativa, que ahora pasa al Senado para su segundo trámite constitucional, busca optimizar la persecución penal y asegurar la aplicación de sanciones en delitos de alta connotación como robos, hurtos y receptación.
El texto legal (boletín 15258), originado como una moción parlamentaria en 2022, delimita un radio de acción específico para este control preventivo de identidad: una franja de hasta 10 kilómetros desde la frontera terrestre, o bien, en el espacio comprendido entre el mar territorial y las aguas interiores.
En este perímetro, Carabineros y la PDI quedarán facultados para registrar vestimentas, equipajes y vehículos de manera autónoma.
Además, el personal policial podrá proceder a la detención inmediata de cualquier individuo, sin requerir una orden judicial previa, bajo condiciones de flagrancia o ante la presencia de un requerimiento judicial pendiente.
Durante el debate en el hemiciclo, informado formalmente por el diputado Enrique Basaletti, las bancadas oficialistas enfatizaron que la normativa representa un instrumento indispensable y urgente frente al avance del crimen organizado transnacional.
Desde la oposición, en tanto, si bien se sumaron al respaldo mayoritario de la propuesta, advirtieron sobre la necesidad de fiscalizar la implementación de la ley. Los parlamentarios del sector subrayaron la importancia de establecer protocolos rígidos que prevengan eventuales arbitrariedades, resguardando las garantías fundamentales de las personas durante los operativos en las rutas limítrofes.
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