Diputados de la Comisión de Salud iniciaron acciones de fiscalización tras conocerse observaciones de Contraloría sobre la implementación del software BedWise para la gestión de camas en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP).
La revisión apunta a un eventual conflicto de interés y al posible uso de recursos públicos en el desarrollo de una herramienta privada.
El organismo contralor instruyó un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas en el establecimiento. En paralelo, una auditoría del Ministerio de Salud (Minsal) detectó 31 vulnerabilidades en la ciberseguridad de la plataforma, lo que encendió la alerta por el resguardo de las fichas clínicas de los pacientes.
Ante esta situación, las parlamentarias republicanas Catalina Del Real y Macarena Santelices solicitaron transparencia sobre los permisos otorgados para operar este sistema. Santelices enfatizó que los fallos de seguridad no pueden tratarse como un detalle técnico e instó al Minsal a aclarar los riesgos de acceso a la información confidencial:
“31 hallazgos de seguridad no pueden tratarse como un detalle técnico. Minsal tiene que aclarar qué información estuvo involucrada, quién pudo acceder a ella y si existió algún riesgo para los pacientes”, aseguró la parlamentaria.
Por su parte, la diputada Lilian Betancurt (PDG) presentó requerimientos ante la Contraloría, el Servicio de Salud Metropolitano Central, Redes Asistenciales y la Superintendencia de Salud para confirmar si la herramienta sigue operativa y verificar si el modelo se replicó en otros recintos de la red asistencial.
“Aquí tenemos que saber si hubo pacientes afectados y si esta misma situación pudo repetirse en otros establecimientos. Incorporar tecnología no puede significar relajar los controles”, señaló Betancurt
A las críticas se sumó el parlamentario Roberto Arroyo, quien advirtió que los recintos públicos no pueden probar herramientas informáticas sin garantías previas. Las fiscalizaciones también buscan establecer si la experiencia acumulada en la Posta Central sirvió para respaldar la comercialización posterior del software ante otras instituciones públicas.
“Un hospital público no puede transformarse en un lugar donde primero se prueba y después se pregunta por las garantías. Si hubo recursos públicos o terceros accediendo a información sensible, corresponde esclarecerlo y determinar responsabilidades”, indicó Arroyo.
