El Ministerio Público ofició a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) por una denuncia ingresada en su contra, por el presunto delito de malversación de caudales públicos, materializado en la impresión de 700 mil ejemplares de la propuesta de Nueva Constitución.
Lo anterior, pues el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió una querella interpuesta por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, que cuestiona el uso de fondos que superan los $400 millones.
La impresión de los textos se concretó a través de una contratación directa con la empresa Sistemas Gráficos Quilicura S.A., por la suma total de $444.615.384.
En el documento emitido por la Fiscalía, se solicitan concretamente "las apreciaciones sobre la investigación que lleva adelante, iniciada por la querella presentada por el diputado", según consignó La Tercera.
Desde la Segpres emitieron un comunicado expresando que "tal como señalamos públicamente, vamos a prestar toda la colaboración y antecedentes disponibles para esclarecer a la brevedad las acusaciones infundadas sobre este punto, cumpliendo además con los plazos requeridos".
Según fuentes ligadas a la investigación, desde la Segpres tendrán un total de 30 días para responder el oficio.