La bancada de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que tipifica como delito "la contratación de personas extranjeras no autorizadas para trabajar en Chile".
La iniciativa encabezada por Ximena Ossandón (jefa), Hugo Rey (subjefe), Frank Sauerbaum y Eduardo Durán (integrantes de la comisión de Trabajo), tiene como objetivo proteger que los migrantes no sean víctimas de tráfico de personas o de trata, además de contrataciones abusivas o que no brinda una adecuada protección al trabajador, que por lo general está dispuesto a asumir condiciones abusivas por necesidad.
Además, la propuesta busca que la medida ayude a desalentar el ingreso de manera irregular al país y establece "una sanción penal, cuestión que igualmente parece de utilidad para desincentivar la llegada de miles de extranjeros que son objeto de abuso producto de la falta de sanciones y fiscalización adecuada".
Puntualmente, sanciona como delito emplear ciudadanos extranjeros "no autorizados para trabajar o desarrollar actividades remuneradas en Chile, excluyendo de dicha sanción la situación en que se contrató de manera regular, pero el trabajador extranjero perdió la habilitación en el transcurso de la relación laboral".
Las personas que contraten a extranjeros que estén como irregulares en el país, recibirán penas de "presidio menor en su grado mínimo o máximo y multa de 21 a 50 unidades tributarias mensuales (entre $1.368.822 y $3.259.100 al valor de abril de 2024)".
Asimismo, se suma que "se podrá decretar (la condena) la clausura definitiva del establecimiento o local respectivo", sin perjuicio a que durante el proceso judicial se pueda clausurar temporalmente el local.
El proyecto contempla que, quienes contraten a un extranjero en condiciones regulares, y luego mantengan a dicho trabajador a pesar de haber caducado sus permisos, solo sea objeto de multa.