Aumentan los impactos por el Caso Convenios para el Gobierno, y ahora el Partido Republicano anunció que el próximo 14 de agosto presentará formalmente una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
La ofensiva fue inmediatamente respaldada por Chile Vamos -Evópoli, Renovación Nacional y la UDI-, y se convierte en el segundo juicio político que el secretario de Estado debe enfrentar desde que integra el gabinete, es decir, desde el 11 de marzo de 2022.
Según argumentó el jefe de la bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, la presentación de este libelo responde a que "la mayoría de los chilenos sabe que el ministro Jackson es el rostro de la corrupción en nuestro país".
De esta forma, el anuncio de la acusación constitucional se convierte en el último recurso de la oposición para logar la destitución del ministro, puesto que desde el estallido del Caso Convenios -a lo que se sumó el robo a Desarrollo Social-, que los partidos de derecha han insistido en que el Presidente Gabriel Boric debe remover a Giorgio Jackson de su gabinete.
Es más, desde el Partido Republicano hicieron "un llamado al Presidente Boric para que haga efectiva la responsabilidad política del ministro Jackson y no siga siendo un cómplice pasivo de la corrupción que se están cometiendo de manera sistemática bajo su administración".
"Cacería de brujas" y "chantaje": la posición del Gobierno ante la AC
Anunciada la acusación constitucional, el propio Giorgio Jackson se refirió a la ofensiva, asegurando que la medida les causó "sorpresa".
"Es un anuncio que, si bien, no me sorprende por parte de quienes lo ingresan. La verdad es que nos toma por sorpresa porque durante todo el día he estado trabajando desde temprano acá en el Congreso Nacional (...) por lo tanto, en medio de este trabajo legislativo, vemos esta acción del Partido Republicano, sin previo aviso, anuncian una acción como esta y en este caso, sin ningún tipo de fundamentos hasta ahora", reprochó.
En esa línea, el secretario de Estado acusó que la presentación de este libelo desvía el foco de atención a los proyectos que son urgentes. "A mí me encantaría que una pizca de esa energía en las acusaciones constitucionales se pudieran poner para llegar a acuerdos en temas urgentes que tiene la población", expresó.
"Vamos a seguir trabajando para que primero se conozcan todos los casos, todas las personas involucradas y que se lleven a una sanción. Pero que no se haga de esto una cacería de brujas sin ningún tipo de fundamentos", zanjó.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo fue tajante al señalar que "la permanencia de un ministro de Estado no depende del chantaje de una acusación constitucional, dependen de la evaluación del gobierno y de la tarea que tienen enfrente por hacer avanzar la agenda".
La secretaria de Estado mostró molestia por todas las acusaciones constitucionales y ofensivas que se han concretado desde la oposición en contra de los miembros del gabinete.
"Cada tres meses se está presentando una acusación constitucional, así como vamos terminaremos con 16 acusaciones contra ministros de Estado en un periodo de gobierno (...) Es un problema grave que vive nuestra democracia, pero queremos decirle a la ciudadanía que a pesar de este nuevo intento de dividir, a pesar de todo, nuestro Gobierno no va a renunciar a aumentar las pensiones, al diálogo y la posibilidad de construir acuerdos", aseveró.
Primera AC contra Jackson
De concretarse la presentación de la acusación constitucional ante el Congreso Nacional el próximo 14 de agosto, este se convertiría en el segundo juicio político que debe enfrentar Giorgio Jackson.
Fue el 4 de enero, cuando el Partido Republicano ingresó un libelo acusando al titular de Desarrollo Social de subejecutar el presupuesto de la cartera en relación a los fondos de tierras y aguas indígenas.
En concreto, los parlamentarios aseguraron que el secretario de Estado sólo destinó el 42%, y también fue acusado de "infringir gravemente la Constitución y las leyes al vulnerar el ejercicio de probidad y la imparcialidad".
Sin embargo, el 19 de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, por 68 votos a favor, 76 en contra y 6 abstenciones, la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de Giorgio Jackson.