Se presentó un proyecto de ley que busca modificar el decreto ley N° 3.063, sobre Rentas Municipales, con el objetivo de cambiar la legislación en torno a las barberías. La ordenanza antes mencionada regula el otorgamiento y renovación de las patentes municipales.
Así se busca establecer nuevas exigencias para barberías, peluquerías y establecimientos afines, incorporando la obligación de acreditar antecedentes penales y regularidad migratoria del personal que presta servicios de atención directa al público. Es decir, al titular del local se le exigirá documentación vigente con respecto al personal contratado.
En concreto se busca exigir certificado de antecedentes y, en el caso de personas extranjeras, permiso de residencia o autorización para trabajar vigente.
Según un estudio realizado por 30 gremios y 70 expertos, y difundido por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la "economía ilícita" aceleró su crecimiento y moviliza alrededor de US$5.700 millones.
La fachada de actividades ilícitas se ha extendido a múltiples rubros. Al respecto, José Makomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) en entrevista con Radio Universo, expresó: "Ya también hablamos de ópticas, centros de estética, distintos negocios donde están actuando".
Lo que busca la iniciativa
El proyecto de ley busca que los titulares de patentes lleven un registro actualizado de las personas que atienden en el local. Este debe estar disponible para fiscalización municipal. De igual forma, considera caducar la patente cuando dentro del personal se encuentren personas que no cumplan con los requisitos establecidos o cuando no exista el registro correspondiente.
"Este proyecto no busca perseguir a quienes trabajan honestamente, sino cerrar espacios de informalidad que pueden ser aprovechados por la delincuencia", manifestó Roberto Arroyo (ind-exPSC), uno de los legisladores que presentó la iniciativa.
Al respecto, el diputado agregó: "Las barberías y peluquerías que cumplen la ley no tienen nada que temer, pero el Estado sí tiene el deber de exigir antecedentes mínimos cuando se trata de locales abiertos al público".
Roberto Arroyo (independiente-exPartido Social Cristiano) y Catalina del Real (Partido Republicano).
Su par, Catalina del Real, explic´ó que "los municipios necesitan herramientas reales para fiscalizar y actuar cuando existen locales que funcionan al margen de la normativa". "No podemos permitir que actividades comerciales legítimas sean utilizadas como fachada para incivilidades, irregularidades o situaciones que afecten la seguridad de los vecinos", agregó la militante republicana.
Los legisladores plantearon que el proyecto busca fortalecer la fiscalización municipal sin afectar a quienes desarrollan esta actividad de manera formal, responsable y cumpliendo con la ley. En ese sentido, afirmaron que la propuesta busca proteger tanto a los vecinos como a los trabajadores y emprendedores que sí cumplen las reglas.
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