La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución que solicita al Gobierno revisar y revocar las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social a beneficiarios con antecedentes penales. El documento fue entregado este jueves al Ministerio de Justicia por el presidente de la corporación, Jorge Alessandri, y la diputada UDI Constanza Hube.
La iniciativa se basa en el informe de Contraloría entregado en enero de 2024, donde se detectó que 58 de los 419 beneficiarios por estas pensiones mantenían antecedentes penales.
Según se detalla en dicho documento, existen 10 condenas por distintos delitos como estafa, tráfico, producción de material pornográfico, abuso sexual, robo con violencia, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.
Tras la revelación de este antecedente, la administración anterior anunció la revocación de 28 pensiones de gracia, mientras que el Ministerio Público abrió una investigación por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público y privado.
De acuerdo con el proyecto de resolución, "los casos de beneficiarios con antecedentes penales no se condicen con el espíritu de la ley ni tampoco con los estándares de justicia propios de una sociedad democrática".
Diputados piden decreto para terminar con las pensiones
Desde el Ministerio de Justicia, Alessandri sostuvo que "se aprobó ayer con dos tercios de los votos una resolución que le pide al Ejecutivo revisar las pensiones de gracia entregadas en el contexto del estallido social, y que pueda revisar específicamente de aquellos que recibieron pensión, quienes tienen antecedentes penales".
"Recuerden ustedes que esto fue un escándalo en el Gobierno anterior, cuando en el decreto que las otorga no se pone el requisito de no tener antecedentes limpios. Nosotros pedimos que de las cuatrocientas y tantas pensiones de gracia se revisen cada una, y las que tengan antecedentes penales, se las quiten. Que se terminen esos pagos mensuales", complementó.
Tras esto, explicó que esto se realizará a través de un decreto que corrija el anterior, estableciendo que no se deban tener antecedentes penales para poder recibir el beneficio.
"El ministro ha agradecido que hayamos traído el proyecto de resolución, va a estudiar cada uno de los casos", señaló.
"Falsos exonerados"
Junto con lo anterior, Alessandri también señaló que este es un primer paso para luego continuar con la revisión de los denominados "falsos exonerados".
Según explicó el parlamentario UDI, "recuerden que en Chile hay muchas personas que reciben pensiones de falsos exonerados porque habrían perdido el trabajo en el sector público después del golpe de Estado de 1973, pero después de las distintas leyes de exonerados que hubo, incluso durante el Gobierno del Presidente Lagos, en algunas de ellas bastaba con presentar la carta de un parlamentario".
"Miles de personas que reciben una pensión vitalicia mientras el resto de Chile se aprieta el cinturón, miles de personas que merecen una pensión que no merecían o que mintieron para recibirla. Recuerden ustedes que se fue a juicio por esto hace más de 10 años atrás y la jueza instructora señaló que había prescrito la acción, y Chile sigue haciéndoles un cheque todos los meses a falsos exonerados", expuso.
En ese sentido, Alessandri dijo que "queremos ver si hay alguna facultad especial que nos permita revisar ese despilfarro. Es un pago que lleva más de 20 años".
