La bancada de diputados de la UDI solicitó al Presidente José Antonio Kast que utilice una facultad constitucional para pedir ante la Corte Suprema la remoción del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia.
Según informó La Tercera, la petición será presentada mediante una carta dirigida al Mandatario, donde los parlamentarios cuestionan al magistrado por haber realizado viajes internacionales mientras se encontraba con licencia médica.
Cabe recordar también que el pasado viernes 8 de mayo, Urrutia decretó la prisión preventiva por fraude al fisco y tráfico de influencia contra el exdiputado gremialista Joaquín Lavín, quien permanece en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
UDI invoca artículo 80 de la Constitución
En la misiva, los diputados gremialistas apelan al artículo 80 de la Constitución, que establece que la Corte Suprema puede remover a jueces por "mal comportamiento", ya sea por requerimiento del Presidente de la República, por solicitud de una parte interesada o de oficio.
La norma señala que el máximo tribunal puede adoptar dicha medida "previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva".
De acuerdo con el documento citado expuesto por el citado medio, la UDI sostiene que el juez Urrutia viajó a Costa Rica en 2020 y a Ecuador en 2022 mientras mantenía licencias médicas vigentes.
Corte de Apelaciones absolvió al magistrado
Pese a los cuestionamientos, la Corte de Apelaciones de Santiago ya había absuelto anteriormente al magistrado respecto de estos hechos.
Sin embargo, desde la UDI manifestaron su disconformidad con esa resolución y recalcaron que la situación afecta la imagen del Poder Judicial.
En la carta, los parlamentarios argumentan que "no es posible que un juez de la República en circunstancias similares quede en una situación de impunidad por motivos de forma".
Asimismo, agregan que "la judicatura debe obrar en todo momento con rectitud, resguardando la integridad e imagen del Poder Judicial".
Las otras polémicas del juez Daniel Urrutia
Daniel Urrutia ha protagonizado diversas controversias durante su carrera judicial, especialmente tras el estallido social de 2019.
Entre ellas, recibió críticas desde sectores de derecha por modificar medidas cautelares de imputados vinculados a la denominada "primera línea" y por utilizar lenguaje inclusivo en resoluciones judiciales.
También fue cuestionado por manifestar públicamente preferencias en el proceso constituyente y por decisiones adoptadas en causas relacionadas con funcionarios de Carabineros acusados de violencia policial.
