Alerta en condominios: Tesorería intensifica embargos de cuentas bancarias a comunidades por multas laborales impagas

Lo que comenzó como una fuerte ofensiva de embargos de cuentas bancarias dirigida a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), hoy ha escalado a un escenario de alto impacto social.

La Tesorería General de la República (TGR) intensificó sus procesos de cobro, ampliando las retenciones de fondos hacia las cuentas de comunidades de copropietarios y condominios por concepto de multas laborales impagas.

Esta situación mantiene en completa alerta a administradores y residentes de todo el país. El congelamiento de los recursos —ejecutado de manera repentina y sin instancias previas de convenio— compromete gravemente la operatividad diaria de los edificios, poniendo en riesgo directo el pago de remuneraciones del personal de conserjería, aseo, jardinería y seguridad, además de afectar compromisos con proveedores, mantenciones y servicios básicos esenciales.

"Pagar justos por pecadores": el drama de la falta de continuidad

Según datos de la Dirección del Trabajo (DT), actualmente cerca de 10 mil comunidades de copropietarios mantienen deudas con el Estado, lo que podría ampliar aún más la lista de embargos a nivel nacional.

Un caso reflejo de esta situación ocurrió en la comuna de Las Condes, donde una comunidad recibió la notificación de una deuda superior a los $9 millones de pesos por una multa de la DT cursada en 2025, de la cual ni el comité ni la administración actual tenían conocimiento previo.

"Estamos ante un endurecimiento evidente de las cobranzas fiscales. El problema de fondo es que una persona jurídica -como un condominio- no tiene continuidad de gestión: cambia constantemente de comité, de administrador y de representantes”, explica Eduardo Lara, abogado del estudio jurídico Alfaro y Madariaga (EJAM).

El especialista añade una crítica constitucional a la medida: "Aplicar una sanción de forma imprevista sobre vecinos que no participaron en la conducta infractora, sin darles la oportunidad real de conocerla o impugnarla, es difícilmente compatible con el derecho a un procedimiento racional y justo garantizado por el artículo 19 N°3 de la Constitución".

Para Lara, no se trata de eludir los compromisos financieros, sino que "el Estado distinga entre el deudor fraudulento y una comunidad de vecinos que simplemente no sabía que tenía una multa pendiente, ya que los recursos retenidos corresponden a fondos comunes de familias y no al patrimonio de una empresa con fines de lucro".

Soluciones legales y herramientas disponibles

Ante un embargo en curso, el abogado de EJAM señala que las comunidades no están desprotegidas y deben activar las herramientas que el sistema ofrece hoy para frenar la parálisis financiera:

• Convenio bajo el Artículo 192 del Código Tributario: Faculta a la TGR para otorgar facilidades de pago de hasta dos años en cuotas periódicas respecto de impuestos y multas. Aunque no suspende automáticamente el apremio, abre la puerta a un convenio que detenga el embargo.

• Acreditación de fondos esenciales: Las comunidades afectadas pueden concurrir a la Tesorería acompañadas de su presupuesto mensual, contratos de trabajo vigentes y una carta del administrador. El objetivo es certificar que los fondos congelados son la única fuente para el pago de remuneraciones.

• Recurso de Reposición por falta de notificación: Aplica cuando la multa original fue cursada a una administración anterior sin conocimiento de la actual.

"La idea es alcanzar convenios de pago más favorables antes de que se dicte una orden de embargo. Esperar o ignorar esta notificación es un error que puede significar un daño financiero muy difícil de revertir y, peor aún, generar que miles de trabajadores e inocentes paguen con su bolsillo las deudas que otros contrajeron", concluyó el especialista de Alfaro y Madariaga.