Restricciones presupuestarias impulsan reconversión de buses frente al modelo tradicional de renovación de flotas

El avance de la electromovilidad en Chile ha entrado en una nueva fase de ajuste pragmático. Aunque los objetivos de descarbonización del transporte público se mantienen firmes —con una capital donde la red Red Movilidad alcanzó un 62% de buses eléctricos a inicios de 2026—, el reciente recorte presupuestario al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) pone a prueba el modelo tradicional intensivo en capital.

Hasta la fecha, el proceso ha dependido sustancialmente de la adquisición de unidades totalmente nuevas, un esquema altamente expuesto a la restricción fiscal y a los ciclos económicos de mediano plazo. En este escenario, la búsqueda de eficiencia financiera y la optimización de activos existentes ganan terreno como estrategia complementaria para sostener el ritmo de electrificación, especialmente fuera de la Región Metropolitana.

La Ley de Retrofit: Un marco legal en el momento preciso

Un hito clave en este viraje operacional es la entrada en vigencia de la Ley N° 21.793 (conocida como Ley de Retrofit), que por primera vez fija un marco regulatorio formal para transformar vehículos de combustión interna a tecnología 100% eléctrica y autorizar su circulación en vías públicas. Hasta ahora, estas operaciones quedaban relegadas casi exclusivamente a circuitos cerrados industriales como la minería.

“Hoy el modelo de compra de flota nueva completa es el más expuesto a los vaivenes fiscales. En ese contexto, la reconversión eléctrica y la manufactura local permiten avanzar sin esperar grandes procesos de inversión”, señala Ricardo Repenning, cofundador y gerente de Tecnologías de Reborn Electric Motors.

Desde la perspectiva económica, las cifras son determinantes:

• Reducción de costos: Transformar un bus diésel existente en eléctrico equivale a cerca del 50% del costo de importar una unidad nueva.

• Operatividad agilizada: Permite omitir extensos procesos de licitación e importación, ofreciendo una solución más expedita para regiones golpeadas por los ajustes presupuestarios.

• Mantenimiento: Conserva las ventajas operativas del motor eléctrico, como menor gasto energético y reducción en pautas de mantenimiento.

Desafíos pendientes e industria local

A pesar del optimismo del sector, la puesta en marcha efectiva de esta normativa depende de la pronta publicación de su reglamento técnico, el cual definirá los protocolos de certificación y los estándares de seguridad requeridos para las plantas reconvertidoras y los vehículos intervenidos.

Paralelamente, la experiencia acumulada en el país demuestra que existe capacidad técnica local para asumir el desafío. Empresas de ingeniería nacional ya cuentan con más de 140 unidades fabricadas y operando en faenas de alta exigencia, lo que valida la tecnología en condiciones climáticas y geográficas complejas.

Con un mercado automotriz donde los vehículos electrificados ganan participación de manera constante, la reconversión emerge como una herramienta estratégica para transitar hacia un modelo de movilidad sustentable más flexible, sostenible fiscalmente y con valor agregado nacional.