Abogado por CAE: “La Tesorería tiene herramientas cada vez más agresivas de cobro”

El Gobierno inició el proceso de cobro a los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), comenzando por quienes registran mayores ingresos. La medida será ejecutada por la Tesorería General de la República (TGR) y busca recuperar recursos fiscales, en medio de un escenario de alta morosidad y creciente debate político.

Desde el oficialismo explicaron que el plan partirá con contribuyentes que perciben sobre $5 millones mensuales, avanzando de manera progresiva hacia tramos más bajos.

La decisión se da en un contexto preocupante. Según datos de la Comisión Ingresa, más de 1,2 millones de personas han accedido al CAE desde su creación en 2006. Sin embargo, la tasa de morosidad ha aumentado significativamente: si en 2022 alcanzaba el 28% de los egresados (163 mil personas), al cierre de 2025 llegó al 53%, con 423 mil deudores.

El abogado Eduardo Lara, del Departamento Asistencia Deudores del estudio jurídico Alfaro y Madariaga, advirtió que el endurecimiento de las medidas obliga a los deudores a actuar con anticipación.

“Estamos viendo un cambio relevante en la forma en que el Estado está enfrentando la morosidad del CAE. No hacer nada o ignorar la deuda es la peor decisión, porque los intereses siguen creciendo y se pierden beneficios importantes”, afirmó.

Entre sus principales consecuencias, destacó la retención de la devolución de impuestos durante la Operación Renta, mecanismo que ya está siendo aplicado por la TGR. Tras esto, el especialista alertó que actualmente “se está avanzando hacia mecanismos más agresivos de cobro. El descuento directo en cuentas corrientes ya comenzó a implementarse en ciertos casos, y aunque hoy se enfoca en altos ingresos, legalmente podría extenderse a otros segmentos”.

En esa línea, agregó que “muchos deudores creen que no les afectará, pero la normativa permite ampliar estas medidas, por lo que es fundamental regularizar la situación cuanto antes”.

Riesgo de embargo y acciones legales

Respecto a la posibilidad de embargo, el abogado aclaró que sí existe, pero no es inmediata. “Debe existir una demanda ejecutiva. Este es un proceso judicial que puede tardar entre tres y seis meses, no ocurre de un día para otro”, indicó.

No obstante, advirtió sobre el rol de la Tesorería: “Tiene facultades administrativas más ágiles para cobrar deudas tributarias. Si se intentara aplicar algo similar al CAE, habría que analizar su legalidad, pero claramente el escenario se vuelve más exigente para los deudores”, aseveró.

Además, explicó que hoy por hoy la tendencia es enfocarse en el embargo de fondos bancarios por sobre bienes físicos, aunque la ley protege elementos esenciales como herramientas de trabajo o bienes básicos.

Restricciones y efectos financieros

Eduardo Lara también alertó sobre otras consecuencias de mantenerse en mora. “El no pago implica intereses que aumentan considerablemente la deuda, y además se pierden beneficios como el pago contingente al ingreso. Incluso podría limitar el acceso a futuras condonaciones”, sostuvo.

En cuanto a la inclusión en registros comerciales, recordó que la legislación vigente prohíbe publicar estas deudas en DICOM. “Esto protege al deudor en términos de acceso a servicios básicos, pero no impide que los bancos consideren esta información en sus evaluaciones internas”, precisó.

Finalmente, el abogado de Asistencia Deudores hizo un llamado a la prevención. “Si las dificultades económicas son reales e impiden el pago, se deben utilizar los plazos legales para la defensa en juicio (incluida la prescripción contra el banco), proteger domicilios y bienes, y buscar alternativas para declarar la deuda incobrable ante el Fisco”, puntualizó.

“Es clave revisar el estado de la deuda con anticipación, utilizando el RUT y la Clave Única en los sitios del Poder Judicial o la Tesorería. Anticiparse puede evitar retenciones inesperadas o medidas más gravosas”, concluyó el experto.