De la "Tía Rica" a Colchane: Contraloría revela crítico informe de irregularidades en diversas instituciones

Este lunes 30 de marzo, la Contraloría General de la República encabezó su Cuenta Pública, en la cual la contralora Dorothy Pérez hizo un recuento de las principales irregularidades encontradas por la entidad el 2025.

En la presencia de diferentes autoridades, como el Presidente José Antonio Kast, Pérez enfatizó los casi 60 mil casos de licencias médicas con faltas, revelando 6 mil nuevos casos de funcionarios que las usaban para trabajar en el sector privado.

Pero no todo son licencias médicas: en la instancia, la contralora enumeró irregularidades en otros contextos, que van desde la priorización de cirugías para familiares y funcionarios sin cumplir la lista de espera hasta la entrega de licencias de conducir a privados de libertad.

Además, se informó de más de 20 mil niños con espera de cupo para salas cunas y jardines, cuando más de 9 mil estaban sin uso; como también que casi 700 personas no matriculadas usaron el programa de salud bucal de Junaeb, dejando sin atender a estudiantes.

"Nosotros rendimos cuenta porque los ciudadanos tienen derecho y merecen saber lo que hacemos con los fondos que les pertenecen", aseveró Pérez en la instancia.

LICENCIAS MÉDICAS

Respecto de las licencias médicas, en 2025 se identificaron irregularidades en 55.933 casos. Entre ellos, destacan:

• 25 mil funcionarios que salieron del país con licencia médica entre 2023 y 2024. A esta cifra se suman cerca de 3 mil casos en las Fuerzas Armadas, policías y Gendarmería.
• Médicos que, estando con licencia médica, atendían partos en el sistema privado.
• Funcionarios del sector público apostaban en el casino mientras justificaban sus inasistencias con licencia médica.
• 6.311 casos de trabajadores públicos que justificaban sus inasistencias con licencia médica, pero que trabajaban en el sector privado, recibiendo renta por actividades de dos o tres trabajos al mismo tiempo.

"El ahorro que este trabajo generó al fisco fue de 645 millones de dólares, entonces tenemos que hacerlo todos los años para que estas cifras no suban", dijo Dorothy Pérez.

Dirección General del Crédito Prendario

En la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la "Tía Rica", se detectó:

• Falta de control de identidades y procedencia lícita de especies que se estaban empeñando.
• 4.895 personas hicieron empeños recurrentes hasta 230 veces ($7.290.630.300).
• 1.681 empeñantes con antecedentes penales y con operaciones recurrentes (por $1.507.026.380)

"Seleccionamos esta auditoría como la más delicada porque nos da la impresión de que el servicio público olvidó la función social que tiene el crédito prendario", aseveró la contralora.

Paso fronterizo Colchane

Según Pérez, en el paso fronterizo Colchane se identificó:

• Equipos críticos inoperativos (Body Scan, equipos de rayos X, incinerador, etc).
• Dotación insuficiente de PDI y ausencia de Carabineros en el recinto.
• Ausencia de unidades especializadas en tráfico de drogas.

Gendarmería

• Omisión y tardanza sistemática en denuncias al Ministerio Público ante hallazgos.
• Internos con drogas en los recintos, sin sanción disciplinaria aplicada.
• Diferencias de peso entre la droga incautada y la entregada al servicio de salud.
• Requerimientos de antecedentes del Ministerio Público que no fueron atendidos.

Carabineros

• Pagos por arriendo de cámaras corporales ($3.295 millones) pese a debilidades graves en la implementación del servicio.
• No cobro de multas a proveedores.

Junji

• 109 jardines infantiles públicos y salas cunas con obras atrasadas, algunas por más de 10 años.
• 23.332 niños en espera de cupo para salas cunas y jardines, mientras 9.634 cupos estaban sin uso.

Junaeb

• Entrega tardía de útiles escolares (segundo semestre del año)
• Falta de aplicación de multas a proveedores del programa de alimentación escolar
• Salud bucal: atendieron a 693 personas no matriculadas y dejaron sin atender a estudiantes

Universidad de la Frontera

• Uso de empréstito antes de su toma de razón, sin aprobar ni refrendar la hipoteca.
• Se contrató y utilizó una línea de crédito sin autorización del Ministerio de Hacienda, ni licitación, ni toma de razón (son operaciones por M$38.478.007 e intereses).

SERVIUs

En los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) se detectaron:

• Uso indebido de viviendas otorgadas.
• Subsidios a beneficiarios que ya son propietarios.
• Ejecución de contratos fuera de bases.
• Obras no ajustadas a planos y especificaciones técnicas.
• Conflictos de intereses.
• Contratistas sin capacidad económica y omisión de cobro de multas.
• Puente sin monitoreo y con riesgo de resiliencia estructural.
• Pagos en exceso por labores no ejecutadas y avances incompletos.

Servicios de salud y hospitales

• Priorización de cirugías para familiares y funcionarios sin cumplir la lista de espera.
• Suspensión de cirugías y reprogramaciones para más de 100 días.
• Falta de recuperación del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).
• Tardanzas críticas (17 meses) en contratación de prestaciones GES y no GES.
• 266 días para dictar actos administrativos de aprobación de contratos.
• Alto endeudamiento hospitalario.
• Devengamiento tardío de facturas.

SEREMIs de las Culturas y Gobiernos regionales

Tanto en las SEREMIs de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como en los Gobiernos regionales, en su trabajo con entidades privadas y convenios, se identificaron:

• Conflictos de intereses.
• Transferencias a entidades con rendiciones pendientes.
• Rendiciones de gastos aprobadas sin respaldo.
• Fraccionamiento de convenios para eludir la toma de razón.
• Falta de criterios de priorización de beneficiarios.
• Pago de montos superiores a lo contratado, sin justificación.
• Falta de aplicación de multas.

Superintendencia de Salud

• Retrasos en gestión de reclamos (hasta 909 días sin asignar y 337 días para resolver).
• 190 personas fallecidas esperando respuesta.
• Inconsistencias de registros y trazabilidad en bases de datos de reclamos.

Megaincendio de Valparaíso

• Falta de actividades de prevención, mitigación y fiscalización frente a incendios.
• Planes comunales de riesgo no aprobados y con inconsistencias.
• Deficiencias en el Plan de Manejo del Fuego.
• Retrasos críticos en la reconstrucción.
• Contratos con empresas sin experiencia ni equipamiento para desarrollar labores de demolición y despeje.

Municipalidades

• Licencias de conducir otorgadas a privados de libertad por delitos, a deudores de pensión alimenticia y a personas sin cumplir los requisitos mínimos.
• Funcionarios autorizaron licencias de conducir a sus familiares y hubo cobros irregulares.
• Gastos improcedentes en periodo electoral.
• Uso indebido de vehículos fiscales (exceso de carga de combustibles, adulteración de bitácoras).
• Difusión institucional mayoritaria a alcaldes(as).
• Servidores a honorarios sin respaldo de su labor o asistencia, pagos improcedentes, contratos con cometidos genéricos, informes clonados, pagos desproporcionados a asesores.
• Conflictos de intereses
• Uso de maquinaria, vehículos y personal municipal en trabajos realizados en el domicilio de la autoridad comunal.