Contraloría detecta pagos de subsidios de arriendo a personas fallecidas en programa del Minvu
Una auditoría al Programa de Integración Urbana de Campamentos reveló desembolsos a beneficiarios difuntos, arrendamientos con familiares y demoras de hasta 1.133 días en regularizar contratos.
Lunes 24 de agosto de 2026
La Contraloría General de la República detectó severas anomalías en la administración del Programa de Integración Urbana de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El examen financiero abarcó las operaciones concretadas entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.
El informe del organismo de control evidenció el desembolso de fondos a personas fallecidas. La revisión determinó que "a marzo de este año existían 168 beneficiarios fallecidos asociados al subsidio de arriendo".
La entidad fiscalizadora expuso graves demoras institucionales en la corrección de estas inconsistencias. En la auditoría se constató que "la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo llegó a demorar hasta 1.133 días en regularizar los contratos vinculados con esos casos".
El impacto económico provocado por la falta de actualización del registro quedó cuantificado en el reporte público. La Contraloría General de la República confirmó que "esta situación generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553".
A las transacciones destinadas a personas difuntas se sumaron irregularidades en la suscripción de contratos de arrendamiento con parientes directos. La investigación halló 172 arrendamientos pactados con familiares y otros 19 celebrados directamente con cónyuges.
Frente a la suma global de $239 millones en anomalías, la Contraloría General de la República instruyó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a regularizar los fondos ante el Banco Interamericano de Desarrollo y concluir los procedimientos disciplinarios correspondientes.