Expulsiones: Gobierno propone que hospitales, AFP o colegios reporten a migrantes irregulares para facilitar proceso
Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo es aprovechar las distintas instancias de contacto entre migrantes irregulares y el Estado para avanzar en su identificación y facilitar eventuales expulsiones.
Jueves 14 de mayo de 2026
El Gobierno presentó una nueva indicación al proyecto de ley que busca perfeccionar el procedimiento de expulsiones administrativas de migrantes irregulares, iniciativa que apunta a reforzar la identificación de extranjeros que permanezcan en el país sin regularizar su situación.
La propuesta fue expuesta por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, durante la discusión del proyecto en la comisión de Gobierno del Senado. La medida establece que organismos públicos y privados vinculados a salud, previsión y educación deberán entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones cuando éstos sean requeridos en el marco de procesos migratorios en curso.
La indicación consigna lo siguiente: “Artículo 104 bis.- Obligación de entrega de información. Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y la autoridad contralora los antecedentes que éstas requieran, incluidos el domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y demás datos personales pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación, de conformidad a la presente ley”.
De aprobarse la norma, entidades como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles estarán obligados a proporcionar información como domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos relevantes de personas extranjeras que se encuentren sujetas a investigaciones o procedimientos migratorios.
Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo es aprovechar las distintas instancias de contacto entre migrantes irregulares y el Estado para avanzar en su identificación y facilitar eventuales expulsiones. La medida también busca detectar situaciones laborales irregulares y eventuales incumplimientos de la legislación vigente.
El senador RN Andrés Longton, consultado por La Segunda, defendió la iniciativa y aseguró que los antecedentes recopilados permitirán “acelerar procesos de expulsión” y fortalecer la fiscalización sobre personas que permanezcan en el país sin documentación regular. Asimismo, sostuvo que la información serviría para evaluar el impacto de la migración irregular en servicios públicos como la salud.
La indicación establece además que los datos entregados estarán sujetos a reserva y solo podrán utilizarse para fines migratorios específicos, conforme a la legislación vigente sobre protección de datos personales.