"Nunca se les ha negado el derecho a la asistencia médica": Kast y debate por atención de salud a reos
"Hay algunos que defienden el concepto humanitario para algunos y no para otros. Yo siempre he dicho, nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel", detalló el Mandatario.
Lunes 17 de agosto de 2026
El Presidente José Antonio Kast se refirió al debate generado por la Reforma Constitucional Pro Seguridad y la eventual restricción de prestaciones de salud para personas condenadas por delitos violentos, asegurando que a quienes se encuentran privados de libertad "nunca se les ha negado el derecho a la asistencia médica".
En conversación con Radio Duna, el Mandatario entregó su opinión respecto a la polémica, que incluso ha generado cruces al interior de su gabinete, explicando que el sistema penitenciario cuenta con recintos destinados a atender a los internos y que, cuando estos no pueden resolver una determinada situación, los condenados son trasladados a otros centros asistenciales.
"A ninguna persona que esté privada de libertad nunca se le ha negado el derecho a la asistencia médica (...) Por algo existen hospitales que, si el hospital penitenciario no puede brindar la atención de salud, a ese condenado se le traslada a un centro hospitalario", afirmó.
El Presidente también abordó eventuales casos de personas privadas de libertad con enfermedades terminales o pérdida total de autonomía.
"Hay situaciones que en algún minuto, supongo que el Parlamento lo irá a debatir, de personas que ya no tienen conciencia, personas que están postradas, personas que tienen que tener cambio de pañales cada cuatro horas, personas que no saben dónde están. Bueno, ahí, ¿habrá que aplicar un concepto humanitario?", planteó.
Asimismo, agregó: "Hay algunos que defienden el concepto humanitario para algunos y no para otros. Yo siempre he dicho: nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel".
Las declaraciones se producen luego de que Kast firmó el proyecto de ley que denominó Reforma Constitucional Pro Seguridad. La iniciativa contempla, entre otras medidas, el establecimiento de regímenes penitenciarios diferenciados para líderes de organizaciones criminales o terroristas.
Según un borrador del proyecto que dio a conocer La Tercera, una de las modificaciones que plantea el Ejecutivo establece que las personas responsables de delitos como narcotráfico y terrorismo quedarían inhabilitadas para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos estatales.