"Militares a la calle": ¿Qué tan efectivos son para fortalecer la seguridad?

El primero fue el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), quien pidió apoyo militar de una manera similar al rol que cumplen los guardias de seguridad municipal, colaborando con las policías. "La pregunta que uno se hace es por qué las Fuerzas Armadas no pueden colaborar".

La solicitud recibió el apoyo inmediato de figuras como Franco Parisi, líder del Partido de la Gente: "Si un alcalde solicita militares en la calle, hay que sacarlos".

La respuesta es menos rotunda cuando se consulta a especialistas, que advierten de las complejidades que enfrenta esta decisión.

Qué dice la evidencia

El caso de México, por su larga data, es uno de los más analizados y el aumento de la violencia uno de los síntomas que más se advierten. "Con la presencia de cuerpos militares en territorios de alta conflictividad, tiende a haber aumentos considerables en la tasa de homicidios", explica María José del Solar, coordinadora de Investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

"Existen reflexiones en torno a cómo el uso de armamento letal, una mayor capacidad de fuego por parte de estos grupos militares, tiene un impacto también respecto de los grupos criminales organizados, que responden también por medio del uso de armamento mucho más complejo", detalla la académica.

Un análisis similar entrega Ulda Omar Figueroa, del Centro UC Justicia y Sociedad. Al considerar la experiencia de países como Perú, Brasil, Colombia y Ecuador, señala que la ineficacia del uso de las Fuerzas Armadas para prevenir o disuadir el delito explica que sea "escasamente utilizada en otros lugares del mundo".

"En países europeos si bien pueden ser a veces utilizados para el resguardo de infraestructura crítica, como estaciones de tren, no son desplegados en acciones directas de persecución o control de personas sospechosas de haber cometido delitos", añade.

Francisco Alcorta, Máster en Políticas Públicas de la London School of Economics, plantea que las intervenciones militares de largo plazo no tienen buenos resultados contra el crimen organizado, aunque añade otra consideración.

"Acciones disruptivas rápidas para la recuperación del control de la situación de seguridad han mostrado mejores efectos", dice en referencia a la experiencia de El Salvador. "Recientemente, países europeos se han decidido a usar Fuerzas Armadas para el combate al crimen organizado. Por ejemplo, Suecia decidió utilizar sus fuerzas militares para apoyar la labor de las policías ante un dramático incremento en los homicidios", expuso Alcorta en Revisa Átomo. En la actualidad, el cientista político se desempeña como asesor del Ministerio de Defensa.

Del Solar añade también otra arista: la formación de las FFAA. "Las policías tienen un rol esencial en el trabajo con la ciudadanía que no es parte habitual de las labores de los cuerpos armados. Ahora, por cierto que no podemos desconocer de que las Fuerzas Armadas han tenido un rol en el contexto de la zona macrozona norte, macrozona sur, en los estados de excepción, pero que de todas maneras no significan que su formación se haya adecuado o cambiado para adaptarse a las necesidades que supone la labor policial".

La recordada intervención de Iturriaga

Era enero de 2023 y se debatía la Ley de Protección de Infraestructura Crítica, impulsada desde el segundo Gobierno de Sebastián Piñera y también por la administración de Gabriel Boric con modificaciones. El entonces Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, expuso ante el Congreso sus aprensiones: "Todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando nuestro rol principal".

"Finalmente van a afectar nuestra operacionalidad porque son las mismas tropas, equipadas para otras tareas, las que tienen que derivar esta función hacia otros problemas que está teniendo el país", añadió.

Quien fuera el mandamás del Ejército también planteó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, su visión sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

"En las RUF se establece la proporcionalidad en el uso de la fuerza y es un aspecto que en todas las discusiones hemos intentado modificar, porque todos sabemos que la proporcionalidad no sirve para imponer el orden y el estado de derecho", planteó.

Este debate abordado posteriormente en 2025 por Luis Cordero, quien ejercía en esa fecha como ministro de Justicia: "Mientras la oposición considera que es suficiente simplemente el principio de racionalidad, el Ejecutivo considera que además es conveniente tener el principio de proporcionalidad, que tiene que ver con la acción cuando se ejerce la fuerza".

Pese a que existe consenso en la importancia de darle rango legal a las RUF, el proyecto sigue en el Congreso a más de tres años del inicio de su tramitación.