Quiroz explica por qué algunos deudores del CAE podrían ser embargados pese a tener menores ingresos hoy

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó por qué algunas personas podrían aparecer afectadas por embargos relacionados con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), pese a que actualmente tienen menores ingresos o incluso perdieron su empleo.

Durante un punto de prensa, la autoridad reconoció que existen casos excepcionales asociados a la información utilizada para determinar las acciones de cobro impulsadas por la Tesorería General de la República (TGR).

¿Por qué alguien que hoy gana menos podría verse afectado?

Según explicó Quiroz, los procesos se basaron en los antecedentes disponibles de la Operación Renta 2025, que contienen información sobre los ingresos percibidos durante 2024.

Por ello, algunas personas que el año pasado registraban rentas más altas podrían haber sido consideradas dentro de los criterios de cobro, aunque su situación económica haya cambiado posteriormente.

"Pudiese ser que hay algunos casos, pocos, de personas que durante el 2025 vieron una caída de ingresos o perdieron su trabajo, y por lo tanto al ser medidos con la vara de 2024 pueden haber aparecido en esta situación", señaló el ministro.

La autoridad insistió en que se trataría de situaciones puntuales y no del foco principal de la estrategia de cobro.

¿Qué pueden hacer quienes están en esa situación?

Ante estos casos, Quiroz aseguró que pidió a la Tesorería mantener abiertas las opciones de atención para quienes necesiten revisar sus antecedentes.

"Las personas que están afectadas por esa situación pueden acercarse a Tesorería y que se pueda replantear los términos", afirmó.

Además, reiteró que la reprogramación sigue siendo la principal alternativa para regularizar las deudas asociadas al CAE.

Según indicó, más de 30 mil personas ya han acudido a este mecanismo y continúan sumándose nuevos casos cada día.

¿Quiénes son el principal foco de los embargos?

El ministro enfatizó que las medidas están dirigidas principalmente a deudores que cuentan con capacidad de pago y mantienen obligaciones pendientes con el Estado.

"Nosotros estamos cobrando a personas que producto del CAE, que fue un préstamo que le dieron todos los chilenos, tienen una situación en la que pueden pagarlo y no lo están pagando", sostuvo.

De acuerdo con Quiroz, los embargos se concentraron en personas que registraban ingresos superiores a $3,5 millones mensuales.

"Los embargos están concentrados... la línea de corte fue arriba de tres millones y medio de pesos de sueldo al mes", explicó.

Asimismo, indicó que quienes llegaron a esa etapa fueron contactados previamente en reiteradas ocasiones para regularizar su situación.

"Las personas que estén arriba del umbral de los 3,5 millones de pesos al mes y que hayan sido embargadas, hay que recordar que son embargadas después de numerosas acciones, de numerosos llamados a reprogramar", agregó.

¿Qué dijo sobre los deudores que ganan menos de un millón?

Durante su intervención, Quiroz también abordó la realidad de miles de personas que estudiaron con CAE pero hoy tienen ingresos considerablemente más bajos.

Según afirmó, existe una gran cantidad de deudores que perciben menos de $1 millón mensual, lo que refleja problemas estructurales relacionados con el sistema de educación superior y la rentabilidad de algunas carreras.

"Hay muchos deudores, increíble el número, de personas que, habiendo estudiado y por lo tanto teniendo deuda CAE, ganan un sueldo menor a un millón de pesos", señaló.

Incluso, vinculó esta situación a las conclusiones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que este año advirtió sobre carreras cuyos retornos económicos no cumplen las expectativas de los estudiantes.

Pese a ello, el ministro aseguró que ese grupo no ha sido el foco de las acciones judiciales impulsadas por el Estado.

"No hay ni siquiera acciones legales en ese tipo de personas", afirmó.

El llamado del Gobierno

Finalmente, Quiroz reiteró que el objetivo de la política de cobro es recuperar recursos públicos adeudados por personas que cuentan con capacidad de pago, manteniendo al mismo tiempo mecanismos de revisión para quienes hayan experimentado cambios significativos en su situación económica.

"Se van a usar siempre las medidas legales que correspondan y que vayan dirigidas a las personas que tienen capacidad de pago", concluyó.