Recibió $370 millones y negoció sin autorización: condenan a abogado por perjudicar a sus clientes
El tribunal determinó un grave incumplimiento de parte del litigante, quien priorizó el cobro masivo de $370 millones en honorarios por sobre el resguardo patrimonial de los afectados.
Jueves 12 de noviembre de 2026
El Undécimo Juzgado Civil de Santiago condenó al abogado Arturo Cristián Correa Cuevas a indemnizar a tres exclientes, luego de acreditar un incumplimiento grave e injudtificado de sus obligaciones profesionales en la tramitación de causas relacionadas con incendios forestales en Peralillo.
El fallo del juez estableció que el jurista fue contratado inicialmente para perseguir la responsabilidad civil de la Compañía General de Electricidad (CGE S.A.) por los cuantiosos daños prediales sufridos durante el periodo 2016-2017.
Sin embargo, la resolución judicial acreditó que el profesional subordinó el interés individual de sus defendidos con el objetivo de estructurar un cierre masivo de 13 causas civiles, aceptando reducciones inconsultas de entre el 80% y el 90% de los montos demandados originariamente.
“El demandado aceptó recortes drásticos y carentes de justificación razonable, persiguiendo como móvil determinante el asegurar para sí el cobro concentrado, masivo e inmediato de una abultada bolsa de honorarios”, estableció el tribunal en la sentencia.
Según constató el tribunal, la conducta alcanzó su punto culminante mediante una escritura pública de finiquito otorgada en julio de 2020 con la empresa eléctrica, instrumento en virtud del cual el profesional percibió directamente la suma total de $370.000.000 anteponiendo su beneficio personal.
El tribunal también señaló que el abogado actuó sin consultar a sus clientes al desistirse de las acciones legales en mayo de 2019. Los afectados fueron informados recién meses después, cuando fueron citados únicamente para recibir los vales vista.
El fallo concluyó reprochando que el abogado destruyó las expectativas pecuniarias de sus representados, a quienes él mismo había incentivado formalizando demandas judiciales iniciales que contemplaban reparaciones por montos que superaban los $2.241 millones en el caso de uno de los predios dañados.